En época de vacas gordas, el discurso de investidura del candidato a presidente de la Junta solía ser un listado de medidas y una lluvia de millones para partidas con nombres y apellidos. La crisis ha borrado las grandes promesas. A falta de dinero, la intervención de ayer de José Antonio Griñán estuvo impregnada de política, aunque también avanzó las primeras propuestas del Gobierno de coalición. El Ejecutivo de izquierdas invertirá este mismo año 200 millones en un plan de choque contra el desempleo. Ese dinero se destinará a programas forestales, para contratar a más personal en el mantenimiento y reforestación de los montes, y también a planes de rehabilitación de viviendas y de intervenciones en colegios públicos. Otros 320 millones hasta 2016 se dedicarán a un programa de inclusión social. La Junta llevará al Parlamento 28 leyes durante la legislatura, subirá impuestos siempre bajo el principio de progresividad y luchará contra el fraude fiscal y social para acopiar recursos que engorden las maltrechas arcas públicas.
El acuerdo programático que PSOE e IU han sellado, que incluye 250 medidas y 28 normas, será la letra que guíe la gestión del Gobierno andaluz en este durísimo mandato. "Ha sido un diálogo político fructífero", aseguró Griñán. Tres son los pilares de este documento: combatir el paro, blindar los derechos sociales y las conquistas autonómicas, y la transparencia. La primera medida será la aprobación de un plan urgente para reflotar empleo, dirigido especialmente a los jóvenes (el paro juvenil se sitúa en el 50%) y a los parados de larga duración, la mayoría de los cuales ya han agotado todas las prestaciones sociales.
Para ayudar a los más desfavorecidos, el Gobierno pondrá en marcha antes de 2016 un plan de inclusión social, dotado con 320 millones, que haga realidad a medio plazo la renta básica, una ayuda para aquellos andaluces que no cuenten con ningún ingreso. Esta propuesta, contemplada en el Estatuto, permanece en el cajón desde hace años e IU la ha situado entre las prioridades del acuerdo programático.
Impuestos. Entre las leyes que se enviarán a la Cámara durante los próximos cuatro años, Griñán destacó la de fiscalidad ecológica, fraude fiscal y social, transparencia, participación ciudadana, cambio climático, eficiencia energética o agricultura. Ante una caída de ingresos tan estrepitosa como la que se prevé de nuevo para este año, el Gobierno deberá recurrir a otras fórmulas si quiere preservar, como apostó ayer el presidente, los servicios sociales de los recortes. La Junta hará acopio de recursos con una lucha "decicida" contra el fraude fiscal y social. El Ejecutivo andaluz ya intentó la pasada legislatura reingresar el dinero defraudado. No ha cifras oficiales que verifiquen el éxito o fracaso de esta medida. Griñán sugirió, además, que va a volver a subir los impuestos sobre los que tiene competencias, aunque dejó claro que siempre atenderá el principio de "progresividad" -que paguen más los que más tienen- y que incidirá en la fiscalidad ecológica, es decir, en los tributos que tengan que ver con la defensa del medio ambiente. En el anterior mandato, en junio de 2010, Griñán anunció la subida del tramo autonómico del IRPF (para las rentas superiores a 80.000 euros) y la creación de nuevas tasas, como el impuesto sobre los depósitos bancarios, el de las bolsas de plástico, otro para vehículos altamente contaminantes, aumentó el tipo aplicable en el impuesto sobre residuos radiactivos e implantó el céntimo sanitario, gravando algunos hidrocarburos para financiar la sanidad.
