a Consejería de Turismo y Comercio ha puesto en marcha en Sevilla una nueva oficina de asesoramiento jurídico para los comerciantes afectados por la extinción de los contratos de alquiler de renta antigua en sus establecimientos, tras el fin de la moratoria recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), según la delegada territorial de este departamento, Granada Santos. Santos, que estuvo acompañada por el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia, Ismael Sánchez, explica que el nuevo servicio que ofrecerá la Consejería a través de sus diferentes delegaciones en colaboración con Consumo pretende "ofrecer toda la información a las personas afectadas por la situación generada por la aplicación del fin de la moratoria para que pueda hacer valer sus derechos y defender sus negocios". La oficina tendrá un carácter de asesoramiento e intermediación y pondrá al servicio de cada comerciante afectado una serie de herramientas legales personalizadas. Así, personal técnico de la Junta podrá examinar los contratos de arrendamiento y analizar sus cláusulas con el fin de que las personas inquilinas cuenten con toda la información a la hora de resolver su situación ante los propietarios de los locales. Este servicio estará operativo esta misma semana y tendrá sede física en la Delegación de Turismo y Comercio (Trajano, 17). La atención al público será los martes y los jueves en horario de 9,00 a 14,00 y se podrá pedir cita en el teléfono (955 034104) y a través de la web de Consumo Responde (www.consumoresponde.es), aunque Granada Santos precisó que los horarios se podrán ampliar en función de la demanda. La delegada recordó que Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 1994, establece que todos los negocios que tengan un contrato de renta antigua firmado con anterioridad a mayo de 1985 debían actualizar sus acuerdos de alquiler antes del 31 de diciembre de 2014, una disposición que, según señaló, provocará que "muchos negocios no podrán asumir en el contexto económico actual las nuevas rentas". PROTECCION AL PEQUEÑO COMERCIO Granada Santos subrayA que las administraciones "no pueden ser neutrales" ante esta situación, por lo que defiende la "necesidad urgente de protección" para estos establecimientos comerciales "por la importancia que tienen para nuestras ciudades, por la economía sostenible que genera directa e indirectamente en otros sectores y por la capacidad de crear y mantener empleo estable". Por su parte, Ismael Sánchez cifra en 3.000 los comercios afectados en la provincia de Sevilla por el fin de la moratoria, lo que supone, precisó, 10.000 puestos de trabajos directos y valora la importancia de este servicio porque permitirá que los pequeños establecimientos "tengan una herramienta de asesoramiento e información, así como de intermediación entre propietarios y arrendatarios".
