La Junta asumirá hasta septiembre parte del coste de la formación para los parados que ha dejado de pagar el Gobierno central a las comunidades. El Ministerio de Empleo fulminó hace un par de semanas la mitad del presupuesto destinado a las políticas activas de empleo: de los 3.061 millones que el Estado repartió entre las comunidades en 2011 se pasó a 1.318 millones este año. El recorte para Andalucía fue del 57%, pasando de los 692,7 millones que recibió el año pasado a los 298,4 millones del presente ejercicio (395 millones menos).
Todas las partidas, las 12 que componen estas políticas, se han visto seriamente afectadas: la FP ocupacional para desempleados, los cursos para trabajadores de baja cualificación, para discapacitados, el fomento a la contratación, al autoempleo y la creación de empresas... Una de esas partidas -la de Orientación Profesional para la inserción de parados- sirve a las comunidades y a los ayuntamientos para contratar a promotores de empleo. Andalucía recibió de esta partida 34,2 millones en 2011, pero se ha visto reducida a 11,4 millones en 2012. Según explicó ayer en el Parlamento el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, el recorte de esta partida obligará a rescindir el contrato de 1.330 formadores en Andalucía, cuyo contrato expiraba en junio.
Ávila anunció que la Junta va a prorrogar tres meses más el contrato de estas personas para que en ese tiempo el Gobierno "rectifique" el recorte a las políticas activas de empleo, "reconsidere" el diseño de las mismas y acelere plan extraordinario que no dañe la formación de los parados. El departamento de Ávila informará a UGT y CCOO y al Ministerio de Empleo de su intención de asumir el pago de estas nóminas "en las condiciones que permita su capacidad presupuestaria". La consejería no ha proporcionado, de momento, el gasto que le supondrá cubrir las nóminas de estos 1.130 trabajadores otros tres meses.
El PP-A denuncia que las críticas que Ávila vierte contra la ministra de Empleo, Fátima Báñez, forman parte de una "la estrategia de confrontación de la Junta contra el Gobierno". Su secretario general, Antonio Sanz, acusa hace unos días al consejero de estar pidiendo un dinero para políticas de empleo, cuando en los dos últimos años Andalucía no llegó a ejecutar todo el presupuesto que le dio el Gobierno. Sanz denuncia que en políticas de formación para parados, la Consejería de Empleo "no invirtió 431 millones presupuestados en 2010 y 621 millones en 2011". "Dejaron sin ejecutar un 57% del dinero que tenían, y ahora se quejan de que llega menos", recordó ayer la diputada popular, María Teresa Ruiz-Sillero.
35 millones menos. Ávila fue muy duro ayer con el recorte presupuestario para la formación de los desempleados. No sólo porque el montante total que recibirá Andalucía es un 57% más bajo, sino porque el Gobierno aplicará por primera vez unos criterios de distribución entre las comunidades distintos a los del año pasado. A Andalucía le seguirá correspondiendo el 22% del total de ayudas, pero hasta 2011 el ministerio aplicaba criterios correctores de población, que tenían en cuenta la tasa de parados de cada región. Andalucía, con 1,2 millones de parados, recibía más que el resto.
En la conferencia sectorial de Empleo, que reunió a la ministra con los consejeros de todas las comunidades, se decidió aplicar un criterio lineal, el mismo para todas las regiones, con independencia de que tuvieran más o menos parados. Según Ávila, las principales damnificadas fueron Extremadura, que con el nuevo reparto recibirá cuatro millones menos de los que le hubiera correspondido con los criterios de distribución de 2011. Sin embargo, el Gobierno prevé ya compensar a esta región con un plan específico de empleo, mientras que Andalucía perderá 35 millones (en lugar de ingresar 298,4 millones habría recibido 333,3).
El consejero anunció ayer que ha pedido una reunión urgente con Bañez para revisar esta distribución de recursos que considera "discriminatoria". Además, Ávila también ha remitido una carta al secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para reclamar el pago de la deuda en inversiones que el Estado tiene con Andalucía: 1.504 millones de euros que se cifraron en una comisión bilateral de cooperación Junta-Estado, por el déficit inversor de 2008 y 2009.
