Menos el nombre, casi todo va a cambiar en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Y pronto. No más tarde del 31 de diciembre. Ese es, al menos, el objetivo que persigue el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio , quien ha esbozado este mediodía los ejes de una reforma que aspira a darle utilidad a una entidad cuya gestión está más que en entredicho.
Los datos confirman la necesidad de este cambio. El 80% de los demandantes de empleo de la comunidad consiguen trabajo mediante recomendaciones de amigos o conocidos, no más de un 12% lo logra con la mediación de una empresa privada de colocación y en torno a un raquítico 3% accede a un puesto gracias a la intermediación de los servicios públicos de empleo. En palabras del consejero, y "por decirlo de manera suave", una estadística manifiestamente mejorable (la Junta se conformaría con incrementarla al 5% cuando acabe la legislatura).
Uno de los cambios más apreciables para el ciudadano consistirá en la utilización de las nuevas tecnologías para la renovación de las tarjetas de demanda de empleo. Recio (un ferviente partidario de internet que ha ordenado que las ofertas de empleo se publiquen en twitter) entiende que en plena era de las redes sociales no tiene sentido hacer colas de tres horas para simplemente sellar una tarjeta, por lo que aboga por la Administración electrónica para este tipo de gestiones, que consumen una parte muy sustancial de los recursos del SAE.
La intención de la Consejería es la informatizar este proceso y derivar todos estos recursos a una labor que se considera esencial para dotar de eficacia a este instrumento público: la orientación de quienes buscan un puesto laboral. El plan implica un cambio sustancial en la naturaleza del trabajo de los empleados del SAE, pero, a pesar de su dificultad (quedaría por ver la aceptación de la medida por parte de los trabajadores y, especialmente, cómo la reciben los sindicatos), el consejero confía en que pueda implantarse de forma gradual un cambio tan radical de cultura organizativa. "Si Hacienda lo ha conseguido con la Agencia Tributaria, no veo porqué no se puede hacer con el empleo", arguyó.
Entre la batería de propuestas para la reforma del servicio se incluyen también otros aspectos como el del establecimiento de controles de calidad para los cursos de formación que gestionan asociaciones empresariales y sindicales y compañías especializadas (se ligará la continuación de los cursos al éxito que tengan en la inserción laboral de quienes los reciban), la mejora de la coordinación en la lucha contra la elevadísima tasa de economía sumergida que soporta la región o la apuesta decidida por la concesión de ayudas para el autoempleo.
Sobre este último particular, el consejero hizo hincapié en que la falta de alternativas para el paro juvenil obliga a repensar todas las políticas de empleo, dando prioridad a la concesión de ayudas para nuevos proyectos empresariales de los jóvenes (con ayudas medias que se cifrarían entre los 20.000 y los 30.000 euros) antes que dedicar los recursos a subvencionar empresas cuyo modelo de negocio está obsoleto. La reforma incluye la puesta en marcha de una gran aula virtual que ayudará también a optimizar los recursos empleados, pues permitirá que algunos cursos se sigan por la red, un factor que será especialmente útil para la prestación de servicios en comarcas poco pobladas del interior de la comunidad. En cuanto a la cuantificación económica de la reforma, se aspira al coste cero, pues se entiende que se trata de una reordenación de recursos que no necesitaría de inversión alguna.
