La Junta de Andalucía ha replicado este martes al Gobierno de la Nación que tiene "palabra" y que va a cumplir con el plan de ajuste que presentó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero aprovechará el plazo que hay hasta la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para agotar la vía del diálogo con los sindicatos para que los trabajadores públicos se vean lo menos perjudicados posible por las medidas.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha señalado que la vía del diálogo, del consenso y del entendimiento con los representantes de los trabajadores se va a agotar, "pero cumpliendo ese plan financiero que se presentó en el CPFF" y que será tramitado como proyecto de ley en el Parlamento. Dicho plan también conlleva una reforma del presupuesto andaluz de este ejercicio que tendrá que tener su pertinente tramitación en el Parlamento.
"La negociación con los sindicatos es imprescindible y queremos alcanzar el mayor grado de consenso posible porque somos conscientes de que la ciudadanía en general y los empleados públicos en particular quieren que, desde la transparencia y del diálogo, el resultado del plan sea lo menos lesivo posible para el conjunto de los trabajadores públicos", según Díaz.
Ha insistido en que la Junta no va a renunciar a una de sus señas de identidad, que es el diálogo, el consenso y la búsqueda del acuerdo, algo en lo que ya está trabajando la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Ha manifestado que las declaraciones de ayer del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta - quien exigió garantías de cumplimiento del plan- son fruto de un intento de desviar la atención porque en "ningún momento se ha hablado de aplazamiento, sino de ampliar la negociación con los representantes de los trabajadores", ya que hay medidas, como la de las 37,5 horas semanales, que vienen impuestas por los PGE y hay que esperar hasta su aprobación definitiva para conocerlos y que luego no haya "sorpresas desagradables".
"Beteta sabe perfectamente, como el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que Andalucía es una comunidad autónoma con palabra que cumple la ley y que, lógicamente, va a cumplir el plan que ha presentado", según Susana Díaz, quien ha recordado que las relaciones de la Consejería andaluza de Hacienda y Administraciones Públicas con el Gobierno de España son permanentes.
En cualquier caso, ha manifestado que las declaraciones de ayer de Beteta fueron "impropias de un gobernante de Estado" en un momento de extrema dificultad como la que atraviesa este país y con ellas demostró quién era "el dueño de los recortes" que en estos momentos van a tener que soportar los ciudadanos y los empleados públicos.
Susana Díaz, en su argumento de que el Gobierno central ha decidido poner "el foco" sobre Andalucía, ha manifestado que no se ha oído decir nada a Beteta sobre la "inconcreción" que hay en el capítulo 1 (personal) de los planes financieros de otras comunidades ni del déficit "oculto" de algunas regiones, como la de Madrid.
Asimismo, la consejera ha querido dejar claro que cuando el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, anunció el pasado viernes un "aplazamiento" del decreto del plan de ajuste hablaba el "Gobierno andaluz con una voz única". Previamente a ese anuncio, según ha apuntado, hubo una comunicación muy fluida entre ella misma, la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, y Diego Valderas, en una coordinación total.
NO PRIVILEGIOS, SINO JUSTICIA Y EQUIDAD
Ha señalado que lamentablemente el Gobierno de Mariano Rajoy sigue en la línea de "amenaza y de deterioro de Andalucía", que está sufriendo un trato "desigual y discriminatorio" respecto a otras comunidades autónomas cuyas cuentas están en una situación de mayor gravedad y, en cambio, desde el Ejecutivo se está actuando con benevolencia.
La consejera de Presidencia e Igualdad ha sentenciado que Andalucía no quiere privilegios ni trato de favor, sino que se la trate con justicia y con equidad, de manera que, en su opinión, el Gobierno de la Nación debe pasar página cuanto antes al 25 de marzo y tender puentes con esta comunidad porque en una situación tan delicada como la actual el país "no está ni para confrontaciones ni para peleas".
Al hilo de las "sorpresas" que pueden deparar los PGE, Susana Díaz ha criticado que los últimos días se haya tenido conocimiento de una reducción de los fondos en para políticas activas de empleo en otros 35 millones de euros, más de lo que en un principio se conoció, en lo que constituye un claro "trato discriminatorio para Andalucía". Ha manifestado que no se entiende que se reduzcan los fondos para fomentar la creación de empleo y no haya "problema para inyectar 24.000 millones de euros a un banco en apuros", en referencia a Bankia.
