El Gobierno ha emprendido la cuarta reforma de la Ley de Extranjería, una de las normas que ha sufrido más cambios por el creciente fenómeno migratorio. Si se aprueba, sólo podrán venir a España los ascendientes mayores de 65 años y si su familiar lleva cinco años al menos residiendo en España. El plazo de retención pasará de 40 a 60 días.
El Consejo de Ministros aprobó el informe de la futura reforma de la Ley de Extranjería, la cuarta en ocho años, que incorporará distintas directivas europeas y sentencias del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, explicó que el anteproyecto de ley permitirá perfeccionar el sistema de entrada legal y ordenada de flujos migratorios y aumentar la lucha contra la inmigración ilegal. El texto entrará en el Congreso de los diputados en el primer trimestre del año 2009.
En cuanto a una de las principales novedades de la reforma, la limitación a la reagrupación familiar, Corbacho apuntó la necesidad de acabar con algunas "contradicciones", como el hecho de que los hijos reagrupados en edad laboral tengan vetado el permiso de trabajo, lo que ahora se corrige.
Además, la futura ley distingue entre la reagrupación del núcleo familiar-que "debe ser lo más rápida posible"- y los ascendientes, que ya que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si su familiar reside en el país desde hace cinco años. El ministro recalcó también la elevación de las sanciones para las infracciones en materia de extranjería, de modo que las muy graves pasan de 60.000 euros a 100.000 euros y las graves de 6.000 a 10.000 euros.
Garantías. En el capítulo de la reagrupación familiar de los extranjeros, el texto propone además más rigurosidad en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda con que cuenta el reagrupante. Además, la nueva norma otorgará desde el principio una autorización para trabajar a los reagrupados en edad laboral. La reagrupación de menores en edad escolar será conocida con antelación por las autoridades educativas. Será posible reunir, en las mismas condiciones que un matrimonio, a la pareja de hecho.
En cuanto al incremento de las sanciones, el fin es evitar el "sobreempadronamiento" de viviendas o el tráfico de falsos empadronamientos para obtener beneficios como el acceso a la sanidad y educación pública. La nueva ley castiga los matrimonios fraudulentos y a quienes promuevan la estancia irregular de sus familias. La reforma prevé sancionar a quienes insten la autorización de un extranjero pero luego no lo contraten y para quienes simulen una relación laboral para obtener un permiso.
Por otro lado, la reforma eleva los actuales plazos de retención en los centros de internamiento de 40 a 60 días. Según el Gobierno, los plazos actuales de internamiento no son suficientes en determinadas ocasiones para acometer ciertas expulsiones. La polémica directiva europea de retorno de los inmigrantes, aprobada recientemente, establece plazos de internamiento máximos de 18 meses.
En este sentido, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que la ampliación del plazo "es de dudosa constitucionalidad" porque el Tribunal Constitucional aceptó en 1987 que el plazo máximo fueran 40 días porque el límite venía fijado por el Convenio Internacional de Extradición como máximo para el internamiento.
Reacciones. La propuesta de reforma de la Ley de Extranjería no fue bien acogida por todos los grupos políticos. Desde el PP, el secretario general del grupo parlamentario, José Luis Ayllón, afirmó que es una copia "tardía e incompleta" de la presentada por el PP hace un mes. Además, el responsable popular criticó que la reforma tiene "lagunas evidentes" y supone una "rectificación" del Ejecutivo.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, denunció por su parte que el Gobierno haya aprobado el borrador de la reforma de la Ley de Extranjería "de tapadillo y de forma clandestina", y aseguró que el texto "tiene un tufillo insoportable a derechazo".
En cuanto a las asociaciones de inmigrantes, se pronunciaron en contra de limitar la reagrupación familiar de los ascendientes, aunque vieron positivo que la reforma permita obtener un permiso de trabajo a los hijos mayores de 16 años y a los cónyuges.
