La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, con más de 30 millones de deuda, hja decidido en una comisión de gobierno suspender todos los programas de formación que están aún activos por falta de medios para mantenerlos, según informó la presidenta de la entidad supramunicipal y alcaldesa de Lebrija, la socialista María José Fernández.
Explicó que la decisión se adoptó porque no se quería mantener la agonía del centenar de personas, entre alumnos y monitores, a los que no se les puede pagar la nómina, "a lo que se une que la calidad de los cursos había bajado por falta de material en algunos casos, ya que los proveedores no nos quieren suministrar y nosotros no deseamos seguir generando más deudas".
A algunos de los programas que se han suspendido les quedaba hasta un año por delante para finalizar y afectan fundamentalmente a las escuelas taller de Lebrija, Rota y Sanlúcar de Barrameda.
Igualmente, la comisión de gobierno dio cuenta de la dimisión de su gerente "por motivos personales" y acordó solicitar a las diputaciones de Cádiz y Sevilla los informes necesarios para, posteriormente, reclamar a la Junta de Andalucía la designación para la institución de un secretario y un interventor "habilitados con carácter nacional".
Y es que, según explicó Fernández, hasta el momento el secretario y el interventor de la Mancomunidad ejercían sus cargos con carácter accidental, aunque el primero de ellos dimitió también recientemente. Fernández propone que estos altos funcionarios procedan "por acumulación" del propio Ayuntamiento de Lebrija.
"Estamos avanzando hacia la disolución, pero tenemos que resolver previamente toda una serie de asuntos para llegar a ella con la mochila lo más vacía posible", explicó la presidenta. El proceso de disolución de la Mancomunidad, que deberá aprobarse en un pleno de la entidad y luego en los plenos de los 11 municipios que forman la corporación supramunicipal, siete de Sevilla -Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Utrera, Lebrija, Los Morales, El Coronil y El Cuervo- y cuatro de la provincia de Cádiz -Sanlúcar la Mayor, Trebujena, Rota y Chipiona-, lleva unos trámites que requieren varios meses.
En cuanto al acuerdo plenario del Ayuntamiento de Utrera relativo a la salida de este Consistorio de la institución, Fernández avisó de que para consumar tal extremo "primero es necesario liquidar todas las obligaciones pendientes" en materia de servicios, cuotas y demás aspectos financieros.
"Hay pasivos a los que el Ayuntamiento de Utrera aún debe hacer frente", aclaró.
Por su parte, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU-IP), indicó a Europa Press que sopesa igualmente promover la salida de la mancomunidad. "Estamos analizando las opciones que podemos tomar", señaló. Para poder cerrar la mancomunidad, ya se ha presentado un concurso de acreedores a su sociedad instrumental Gesalquivir y a sus trabajadores se les ha iniciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Además, se ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a los trabajadores del vertedero y de la planta de tratamiento de Utrera, mientas que el instituto José Cabrera de Trebujena ha pasado a depender de una fundación municipal.
