La recuperación económica en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) parece ahora más sólida que en noviembre pasado, según su informe semestral de perspectivas, en el que se advierte de riesgos por un eventual "recalentamiento" de la economía de los países emergentes o por la crisis de la deuda pública.
Pero España se está quedando descolgada de esa recuperación motivada por el tirón, más positivo de lo esperado, del comercio internacional y de las economías emergentes. La OCDE mantiene que el PIB de España volverá a caer este año un -0,2%, mejorando una décima el -0,3% calculado en noviembre.
De los 30 miembros de la organización, sólo se prevé un retroceso del PIB en Grecia (-3,7%), Islandia (-2,2%) e Irlanda (-0,7%), mientras que la media será un crecimiento del 2,7%, es decir, ocho décimas más de lo que se anticipaba hace seis meses.
Para 2011, la OCDE fija el crecimiento de España en el 0,9%, mismo porcentaje que estimaba en noviembre (cuatro décimas inferior al ofrecido por el Gobierno tras integrar el impacto negativo del plan de ajuste).
Sólo dos países se sitúan por debajo de estas previsiones. Grecia, con un nuevo retroceso del 2,5% y Portugal, con una subida del 0,8%.
Las expectativas sobre España del próximo año se quedan una vez más muy por debajo del 2,8% previsto para el conjunto del conocido como el club de los países desarrollados y de la media de la Zona Euro (1,8%).
Uno de los puntos negros de la economía española para la OCDE es el paro, el más elevado de todos los miembros y que, según sus cálculos, aumentará del 18% en 2009 al 19,1% este año (dos décimas menos de lo calculado en noviembre), antes de bajar en 2011 (18,2%).
Estas cifras doblan la media de la OCDE, donde la tasa de desempleo, tras haber ascendido al 8,1% en 2009, tocará techo en 2010 (8,5%) para disminuir en 2011 (8,2%).
Otro lastre para España es el de un sector inmobiliario en el que la absorción de las viviendas sin vender se está haciendo "sólo lentamente" y cuyos precios siguen inflados, según los autores del estudio.
El secretario general de la organización, Ángel Gurría, mostró su apoyo al plan de ajuste presupuestario del Ejecutivo español, en tanto que constituye "un reconocimiento de que hay que hacer un esfuerzo muy especial en virtud de las demandas que está haciendo el mercado en Europa". Pero Gurría añadió que las reformas que desde hace años viene aconsejando la OCDE a España, en particular la de su sistema de pensiones y del mercado laboral, son ahora "urgentes".
Si las previsiones a corto plazo para España son malas, las efectuadas a medio y largo plazo son más halagüeñas que para el conjunto de la Zona Euro, con todas las incertidumbres que conllevan. Así, la economía española crecerá a un ritmo del 2,4% en el periodo 2012-2015 y luego al 2,2% en 2016-2025, mientras los miembros de la moneda única europea en su conjunto lo harán al 2,3% y al 1,7%, respectivamente.
Más allá de España, la Zona Euro en su conjunto es el bloque de la OCDE que no aprovecha como EEUU o Japón el despegue de los países asiáticos y que, además, está en el ojo del huracán de los mercados por la deuda de algunos de sus Estados.
Aquí el mensaje de Gurría fue claro. Las turbulencias de los mercados en los últimos meses han puesto en evidencia la necesidad de una mayor coordinación de las políticas de los países de la Eurozona, que deberían constituir "una unión fiscal de facto". Eso debería traducirse en medidas que garanticen la disciplina fiscal, incluyendo "sanciones más efectivas" y auditorías externas de los presupuestos hasta llegar a una armonización. La OCDE insiste en que la consolidación fiscal es el gran reto y no quiere descartar el recurso a subidas de impuestos, pero en aquellos con menor impacto económico, es decir, los que gravan el consumo y las emisiones contaminantes.
La CE pide a cada país una tasa bancaria ‘anticrisis'
La Comisión Europea (CE) propuso ayer la creación de 27 fondos (uno por cada país de la UE), financiados con una tasa a la banca aún por definir y coordinados a nivel europeo, para costear futuras crisis bancarias.
"No es aceptable que los contribuyentes sigan pagando el oneroso coste de rescatar al sector bancario. Creo en el principio de que quien contamina paga", afirmó el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, en la presentación de la propuesta, que avanza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el G-20.
Dirigentes a ambos lados del Atlántico insistieron en este asunto desde la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, en septiembre de 2008, que causó una oleada de rescates con dinero público en la Unión Europea, que ascendieron al 13% del PIB comunitario.
Aunque Barnier declinó ofrecer detalles sobre la cantidad total de dinero que deberán movilizar los fondos o la cuantía y modalidad de las aportaciones de los bancos, la propuesta de ayer es la primera a nivel europeo y será presentada ante los líderes del G-20 en la reunión que se celebrará a final de junio en Toronto.
Con esta proposición, la CE ha optado por un enfoque pragmático, al preferir la creación de una red de fondos nacionales a uno supranacional o federal europeo, "que hubiera supuesto una serie de ventajas" en procesos como la reestructuración de entidades trasnacionales.
