El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra rechazó ayer la propuesta del equipo de Gobierno, en manos del PSOE, de delegar en el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), dependiente de la Diputación provincial, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos.
El equipo de Gobierno, liderado por el socialista Antonio Gutiérrez Limones, no contó con el respaldo de ningún miembro de la oposición para sacar adelante esta propuesta, «que no es una opción política sino técnica, avalada por los funcionarios encargados de informe» señaló el delegado de Hacienda, Salvador Escudero.
El pleno extraordinario celebrado en la mañana de ayer para debatir la cesión del servicio de tributación municipal al Opaef se convirtió en un cruce de acusaciones, aplaudidas o abucheadas por el público, que interrumpió a los portavoces en numerosas ocasiones. La falta de acuerdo, según la portavoz del Ayuntamiento, Miriam Burgos, se debe a «la existencia de un pacto anti Alcalá entre los miembros de la oposición» y señaló que «ante este bloqueo administrativo, vamos a estudiar llevarles a la justicia y a exigirles toda la responsabilidad que puedan tener en una decisión, que no es política sino técnica» y les dijo: «Estáis obligándonos a no pagar a los trabajadores».
Hasta finales de año, esta gestión de la recaudación de los tributos recaía en la Agencia de Recaudación Municipal (ARCA), una sociedad coordinadora de gestión de ingresos, y cuyos 20 trabajadores fueron despedidos el día 31 de enero por vencimiento de contrato.
El portavoz de Izquierda Unida, Alberto Jesús Miranda, argumentó su desacuerdo en la externalización en que «municipalizar el servicio sería más barato porque tenemos trabajadores cualificados» y al igual que la concejala tránsfuga, Laura Ballesteros, cree que el Opaef solo solucionaría los problemas de liquidez cada mes «de cara a la preparación de las elecciones».
La portavoz del Partido Andalucista, Lola Aquino, indicó que la intención del Gobierno «no es más que el colofón de una decisión tomada meses anteriores. Quieren justificar acciones políticas refugiándose en argumentos técnicos».
Recordó también «que estuvimos a punto de perder por embargo judicial el Puntal de Oromana y hemos derrochado a raudales dinero público en un millar de palmeras de 3.000 euros, camisetas de propaganda o en la cascada abandonada de Rabesa». Aquino citó todo ello para poner de manifiesto que «todo deriva en la pérdida de confianza que usted sufre por parte de la oposición, de la ciudadanía y hasta de sus propio Gobierno».
Ella junto a los portavoces de IU y el Partido Popular, a lo largo de la sesión plenaria pidieron la dimisión del titular de Hacienda y del alcalde.
En esta línea se expresó la portavoz del PP, María del Carmen Rodríguez Hornillos, quien acusó al equipo de Gobierno de «desmantelar un servicio básico para nuestro Ayuntamiento». «Ha cometido una gran equivocación política y debería marcharse», dijo. «No entendemos qué ha llevado al alcalde a convocar este pleno y si lo que pretendía era crear discordia y fractura entre los que queremos municipalizar el servicio de recaudación, ha fracasado estrepitosamente, afirmó Rodríguez Hornillo. Asimismo, indicó que «el Gobierno creía haber conseguido manipular la opinión de la plantilla, a través de las más que capciosas cartas, enviadas a cada trabajador, y pensó equivocadamente que con las amenazas conseguiría su propósito», denunció la edil del PP
