Las alertas están encendidas desde el inicio de la crisis por el crecimiento de la pobreza infantil en España y en Andalucía. Las cifras no engañan y el número de menores que viven en riesgo de exclusión social o de pobreza va en aumento. Un dato más que preocupante del que están advirtiendo diferentes organismos y organizaciones no gubernamentales (ONG) como Unicef, Cáritas y Save The Children con informes demoledores.
Esta situación está provocando que los menores estén perdiendo derechos. Para poner freno a esta situación y dar más protección a la infancia, el Gobierno ayer mismo dio luz verde a los anteproyectos que reformarán la legislación, para, entre otras cuestiones, prevenir los abusos y agilizar los trámites de acogimiento familiar y adopción.
Unicef subraya que los niveles de pobreza infantil ya eran altos antes de la recesión, pero lamenta que se han agravado. Además, añade que han cambiado los perfiles de los niños que la sufren: menores de clase trabajadora cuyos padres han perdido el empleo. Según su informe La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños, en el año 2010 estaba en riesgo el 26,2 por ciento, un porcentaje que se elevaba al 36,3 por ciento en Andalucía, usando como umbral de la pobreza cuando una familia de cuatro miembros (dos menores y dos adultos) tenía unos ingresos de unos 16.476 euros al año.
Teniendo en cuenta sólo la pobreza monetaria en España, según esta organización, hay un total de 2,5 millones de niños que viven en familias por debajo del umbral de la pobreza. Si los términos económicos se amplían a desempleo y acceso a servicios básicos, entre otros factores, el número se dispara hasta los 2,8 millones.
A estas cifras ya de por sí graves, Unicef, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y el Eurostat (oficina estadística de la Comisión Europea), calcula, asimismo, que cuatro de cada diez hogares con menores no pueden afrontar gastos imprevistos.
Una situación «inadmisible» para esta organización que reclama que se actúe con eficacia para que se garantice el acceso de los niños a recursos básicos como son la educación, sanidad y vivienda. Los números que maneja Cáritas son aún más alarmantes al estar más actualizados. En 2012, el porcentaje de niños españoles que estaban en riesgo de pobreza monetaria era del 29,9 por ciento, frente al 21,4 por ciento de la media europea. La segunda tasa más alta por detrás de Rumanía. Esta organización dependiente de la Iglesia, va más allá y destaca que de 2011 a 2012, la tasa de privación material de las familias con menores (falta de al menos tres conceptos de entre estos nueve: no poder pagar la hipoteca o el alquiler, poder afrontar la calefacción, hacer frente a pagos inesperados, comer proteínas regularmente, tener televisión, lavadora, coche y teléfono) aumentó del 15,6 por ciento al 19,4 por ciento.
Ante este panorama, el secretario general de la ONG, Jorge Nuño, dio un tirón de orejas al Gobierno al culpar de este aumento de la pobreza infantil a las políticas de austeridad que afectan a los ciudadanos más desprotegidos y vulnerables, lo que ha convertido a España en una de las sociedades más desiguales de Europa. Los datos que aporta Save the Children no son mejores que los de Unicef y Cáritas. Esta ONG cifra en 2.500.329 niños los que viven en hogares con ingresos bajo el umbral de la pobreza relativa, es decir, el 29,9 por ciento; una cifra que se eleva a 2.826.549 los niños que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, el 33,8 por ciento del total. Es decir, uno de cada tres niños españoles tiene serios problemas para disfrutar de los derechos de la infancia reconocidos por Naciones Unidas: nivel adecuado de vida, la más alta prestación sanitaria, educación, protección frente a la violencia, descanso, ocio, y esparcimiento, entre otros. Algunos de estos derechos también están recogidos en la Constitución Española como la educación y la sanidad, pero aun así hay pequeños que tienen problemas para acceder a ellos.
La causa principal de esta problemática son las dificultades económicas del núcleo familiar, que al igual de Cáritas, esta ONG achaca a los recortes en la inversión pública, que afectan fundamentalmente a los niños en riesgo de exclusión social. El 57,6 por ciento del total pertenecen a familias cuyos padres no alcanzaron la educación secundaria, el 49,2 por ciento a menores que al menos un miembro de sus progenitores es de origen extranjero y un 45,6 por ciento a niños de familias monoparentales. Save the Children pone como ejemplo que el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado en España a inversión en política social y en infancia se sitúa en el 25,29 por ciento, 3,7 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
Esto se traduce en que, según una encuesta realizada a familias que participan en sus programas de atención a menores en riesgo de pobreza y exclusión, el 24 por ciento de los hogares consultados afirman que sus hijos no comen fruta ni verdura todos los días, el 21 por ciento asegura que los pequeños no tienen un lugar adecuado para hacer los deberes ni juegos en casa, y que el 20 por ciento señala que sus hijos no han estrenado ninguna de las prendas de vestir que llevan ni tienen más de un par de zapatos.
Estos informes llaman a reflexionar y a que se actúe de manera urgente y coordinada para poner freno a esta sangría de la pobreza infantil, pero, según se queja Save the Children, las políticas sociales que se ha puesto en marcha en España no son eficaces.
España y Grecia están a la cola en capacidad de reducir la pobreza entre los menores con ayudas sociales. Antes de las prestaciones, el porcentaje neto de niños bajo el umbral de la pobreza era en España de un 36,8 por ciento, con las ayudas sólo han salido de este umbral un 6,9 por ciento. Un porcentaje muy bajo si se compara con Irlanda, un país en el que la crisis también están golpeando con fuerza, pero donde gracias a las prestaciones que se han puesto en marcha se ha conseguido reducir la pobreza infantil en 32 puntos, pasando de un 49,1 por ciento a un 17,1 por ciento, ya que se ha realizado una política más eficaz al centrarse en los niños desde la educación, vivienda y empleo de las familias.
Según Save the Children, el problema es que las ayudas que se dan en España son escasas e ineficaces y además no llegan a toda la población necesitada. El Consejo de Ministros aprobó en el pasado mes de diciembre el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016, destinado a combatir la pobreza, que contará con un presupuesto de más de 136.000 millones, en el que estarán implicados todos los ministerios, las comunidades autonómicas y los ayuntamientos, para así cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea de reducir la pobreza entre 1,4 y 1,5 millones de personas desde el año 2009 al 2019.
Entre las partidas concretas hay un fondo extraordinario de 17 millones de euros para lucha contra la pobreza infantil, una cantidad insuficiente en opinión de Save the Children. Esta ONG reconoce que el plan está lleno de buenas intenciones, pero echa de menos compromisos concretos, indicadores de seguimientos y una dotación más generosa. Según sus cálculos, en cuatro años sólo correspondería 1,5 euros por niño y año. No sólo el Gobierno central ha comenzado a adoptar medidas para frenar esta lacra. El Ejecutivo andaluz el año pasado aprobó acciones excepcionales que se incluyen en un decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, con una memoria económica de 120 millones de euros adicionales en el Presupuesto. Este dinero está dirigido fundamentalmente a niños y mayores en riesgo de exclusión social, familias sin ingresos y parados de larga duración. La Junta calcula que hay 72.000 niños en riesgo de pobreza en Andalucía. Dentro de estas acciones excepcionales se incluye que los menores en riesgo tendrán garantizadas tres comidas al día desayuno, almuerzo y merienda en los colegios, una medida que a final de curso se revisará, porque el Gobierno andaluz la quiere vincular a políticas de empleo.
