El PP de Valencia vuelve a estar en el punto de mira de la corrupción. Tras los casos Gürtel y Fabra, ayer le tocó el turno al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, quien fue detenido ayer, y puesto posteriormente en libertad, dentro de una operación policial de la fiscalía anticorrupción y el juzgado número tres de Orihuela, en la que también fueron arrestados tres ediles oriolanos.
La actuación policial también se extendió a los empresarios Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica, y Ángel Fenoll, relacionado con servicios de recogida de residuos, ya que algunas de sus oficinas fueron registradas. Fuentes policiales indicaron que se mantienen los cargos contra todos los arrestados, a quienes se les imputan, según los casos, los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento y la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
Fuentes próximas a la investigación señalaron que las pesquisas que derivaron en los registros podrían guardar relación con "un tema" de la adjudicación de servicios de recogida de basura en Orihuela, en la comarca de la Vega Baja. Tras prestar declaración, que no duró "más de diez minutos", según sus abogados, Ripoll quedó en libertad, aunque sus representantes legales no precisaron si es "con o sin cargos". Aún así, una nota de la Diputación Provincial alicantina aseguró que era sin cargos.
Los efectivos policiales realizaron registros la Diputación, en el Ayuntamiento de Orihuela y en la vivienda de Ripoll, después de que en todos estos lugares se personaran agentes de la Policía. Alrededor de las 8.15 horas, los agentes se desplazaron hasta la vivienda de Ripoll, donde el presidente "colaboró" en todo momento, según las fuentes, y de ahí partieron a la Diputación.
Paso a paso. En concreto, la actuación policial sólo se llevó en el despacho de presidencia y en el de su secretaría. Dos horas y media más tarde, aproximadamente, la Policía Nacional terminó el registro y Ripoll salió de la sede custodiado por los agentes hacía la comisaría para prestar declaración. Paralelamente, los agentes realizaron otro registro y detuvieron a los ediles del equipo de gobierno local, los populares Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, quienes también fueron trasladados a las dependencias policiales. Por su parte, el empresario Enrique Ortiz, dueño del Grupo Cívica y también máximo accionista del Hércules CF, se encontraba en Pamplona e inmediatamente emprendió regreso a Alicante. Otro de los registros se practicó en las dependencias de la empresa de Ángel Fenoll, presuntamente vinculado con el caso Brugal, una investigación que se abrió en 2007 por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras.
Tras esta operación, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, criticó la "acción propagandística" llevada a cabo por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para detener Ripoll, cuando la Policía le dejó "sin ningún tipo de medida que prive su libertad y al mismo tiempo el juez todavía no le ha imputado ningún cargo", explicó el responsable de Comunicación de los populares.
