La lucha contra la discriminación de las mujeres no ha perdido fuerza política en el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, como está intentando hacer creer el PP y se dice en algunos artículos de prensa que siguen esa interpretación errónea. Todo lo contrario.
Se acusa a José Antonio Griñán de arrinconar las políticas de igualdad con la desaparición de la Consejería que llevaba ese título, pero quienes eso afirman están haciendo un simple juego de nombres, que convenientemente trasladado a un titular da un resultado efectista, pero falso. Como por desgracia suele ocurrir en periodismo. Más aún cuando se añade el dato de que la consejera que dirigía ese departamento, Micaela Navarro, ha sido defenestrada por su desafección al presidente andaluz.
Pero la verdad es muy distinta: todo el mundo sabe que el departamento que gobernaba Navarro, creado en 2004, no era realmente una Consejería de Igualdad, sino la tradicional de Asuntos Sociales, es decir, de dependencia, mayores, drogodependencias, infancia y diversos servicios sociales, y a la que se añadieron las competencias de políticas de la mujer, incluido el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
Cuando el IAM nació en 1989, poco antes de llegar a la Junta Manuel Chaves, se adscribió a Presidencia, con todo sentido, para que desde aquí pudiera intervenir en todas las políticas de la Junta de Andalucía. Por una razón evidente: porque la lucha contra la discriminación de las mujeres no es un asunto de minorías, sino una política esencial de equilibrio entre una mitad y la otra de la población andaluza.
La política de igualdad llegó a su cumbre tras el aldabonazo que supuso en 1997 el vil asesinato de Ana Orantes a manos de su marido, una muerte que galvanizó a la opinión pública hasta convertir la lucha contra el machismo en una causa política importante, y con ello sentar las bases de un sistema maduro -y dotado de presupuesto- para afrontar la discriminación y la opresión de las mujeres. Eran los tiempos del consejero Gaspar Zarrías y de la inolvidable primera directora del Instituto, Carmen Olmedo.
Pero con su adscripción a la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales, la igualdad de género pasó a ser un sector más del departamento de minorías a proteger, y se desnaturalizó su verdadero sentido. Ese año 2004, Igualdad fue reconvertida en poco más que un mascarán de marketing político para lustrar lo que en realidad se creaba como una consejería de las minorías, con su por entonces prometedora consejera al frente. Tal vez era ya demasiado desafío al machismo que ahora derrama lágrimas de cocodrilo por toda Andalucía.
En el nuevo Gobierno, el esquema vuelve, con la consejera Susana Díaz, al principio y a lo que siempre debió ser: el Instituto Andaluz de la Mujer en Presidencia, para modular transversalmente todas las políticas de la Junta. De este modo, la política a favor de las mujeres gana muchos enteros y se consolida verdaderamente como un eje del Gobierno de izquierda.
Y no comparemos con el Ministerio de Igualdad que creó Zapatero, que sí era un departamento específico para combatir la discriminación, separado de Asuntos Sociales y con base prácticamente solo en el Instituto de la Mujer nacional. (Organismo autónomo que por cierto, Rajoy, simplemente se ha cargado reduciéndolo a una mera dirección general).
