El fallo judicial dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla en el que condena al dueño de un bar de la Macarena a pagar 9.000 euros a los tres miembros de una familia cuya casa soportaba los ruidos de este establecimiento constituye un avance en la lucha contra uno de los males endémicos que afectan a la convivencia urbana: el exceso de ruido. No se descubre nada si se dice que Sevilla no es de las ciudades más tranquilas y respetuosas en esta materia. Por desgracia, en demasiadas ocasiones sus vecinos han tenido que entablar litigios por la laxitud con la que algunos dueños de bares han aplicado las ordenanzas municipales. La sentencia constata que se incumplían los niveles de ruido, intolerables para la familia que vivía al lado. Las preguntas, en este punto, se hacen obvias: ¿Y ha tenido que llegar el asunto a los tribunales para que se repare esta injusticia? ¿No podía haber hecho algo antes el Ayuntamiento?
