La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, ha asegurado hoy que la rebaja salarial media del 5% a los empleados públicos de todas las administraciones afectará no sólo al salario base y a la antigüedad sino también a los complementos de destino y específicos.
Así lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa General de la Función Pública, que -según Rumí- ha sido convocada para "cumplir" con que lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Por su parte, los dirigentes de los sindicatos de la Función Pública UGT, CCOO y CSI-CSIF han calificado de "burla" esta reunión, porque no se les ha concretado a qué colectivos afectará el recorte y en qué medida.
No obstante, han insistido en que recurrirán el decreto-Ley porque es "discriminatorio", no tiene garantías de "ecuanimidad" y vulnera el derecho a la negociación colectiva, además del derecho individual consolidado a un determinado salario.
La secretaria de Estado ha explicado que el recorte salarial, que no tendrá carácter retroactivo, se aplicará a partir del 1 de junio en cada una de las nóminas hasta la de diciembre, incluida la paga extra de Navidad, aunque no afectará a la paga extra de junio.
Ha detallado que la bajada del sueldo básico y los trienios tendrá una escala gradual según las retribuciones de cada grupo, en tanto que los complementos de destino y específicos tendrán una "afectación fija", que no ha aclarado.
Rumí ha asegurado que la medida no vulnera el Acuerdo de la Función Pública 2010-2012 y sólo suspende la aplicación de los artículos que se refieren a la revisión salarial.
En este sentido, ha recordado que el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público permite al Gobierno suspender excepcionalmente el cumplimiento de determinados acuerdos por "causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas".
"Este es el apoyo normativo" con el que cuenta el Gobierno para tomar esta medida, ha advertido, tras valorar el esfuerzo que tendrán que hacer "los casi 3 millones de empleados públicos del país" y reconocer la importante labor de "policías, maestros, bomberos y funcionarios que nos ayudan a resolver muchos problemas".
El secretario general de la Federación para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, ha señalado que la medida es una "burla" al derecho de negociación colectiva porque todo el personal laboral de las administraciones públicas tiene convenios firmados, además de que el Acuerdo de la Función Pública 2010-2012 "tiene validez jurídica de convenio colectivo".
Ha alertado del efecto contagio que esta medida está teniendo en el sector privado y ha asegurado que la CEOE ya está reclamando recortes salariales similares
El Gobierno se ha metido "por dictados externos en un bucle" difícil de solventar, ha dicho.
El secretario general de la Federación de los Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, que ha calificado de "chapucera" la reunión de hoy, ha lamentado que no se hubiera despejado la incógnita sobre si el recorte afectará también a los trabajadores de las empresas estatales o si queda excluido algún colectivo de las administraciones públicas.
El presidente del sindicato de funcionarios CSI-CSIF, Domingo Fernández, ha salido de la reunión "más confuso" de lo que había entrado y "sin ninguna información", razón por la que los sindicatos aún desconocen cuantos trabajadores estarán convocados al paro total del sector público fijado para el 8 de junio.
