Si hay una gestión expuesta al juicio público es la sanitaria. Todo el mundo va al médico y tiene una opinión, basada en su propia experiencia, sobre si las consultas están más o menos saturadas, si espera más para una prueba u operación y si falta personal o se escatiman materiales. A tenor de las encuestas que anualmente presenta la Consejería de Salud, los andaluces dan un notable al SAS, un grado de satisfacción que el propio candidato popular, Javier Arenas, ha reconocido en campaña. Pero basta pasarse por cualquier sala de espera para escuchar críticas que, si bien antes de la crisis también se oían, ahora suelen ir acompañadas de la coletilla "están recortando", una percepción que corroboran las denuncias de sindicatos y colectivos profesionales. Y en éstas irrumpe en campaña el pago por receta aprobado por CIU en Cataluña con la abstención del PP y la sombra del copago ante el que el PP se muestra ambiguo en Madrid o Galicia. PSOE e IU hacen saltar las alertas aunque no hace falta. Si hay un derecho interiorizado por la ciudadanía es el de la sanidad pública, universal y gratuita. Mientras, el Gobierno central y el PP-A hacen malabares para ser creíbles al prometer que no harán recortes en sanidad y que ni les "gusta" ni "creen" en el copago.
Con la situación económica actual, atrás quedaron las promesas de antaño de infraestructuras comarcales para dar cobertura a núcleos aislados o nuevas prestaciones, como la asistencia bucodental infantil o las operaciones de cambio de sexo implantadas por el PSOE. IU sí se atreve a hablar de ampliar la cobertura óptica, bucodental y ortopédica. En esta campaña, el debate sanitario se centra en quién recortará y cómo. Los programas lo dejan claro. El PSOE titula el epígrafe dedicado a esta materia "Orgullosos de nuestra sanidad pública" y básicamente promete mantener lo que hay. El PP titula este apartado "Una sanidad mejor para todos", y pese a la valoración de Arenas en campaña, el diagnóstico de la sanidad andaluza es pésimo. Sus propuestas se dirigen sobre todo a los profesionales, a los que promete más sueldo y protagonismo. No hay pronunciamiento explícito sobre el copago, todo lo más asegura que para el PP es "imprescindible" una "sanidad universal, gratuita, pública y de calidad" pero añade que para ello desarrollarán "las medidas que sean necesarias para garantizar la financiación y la sostenibilidad".
La sanidad se lleva casi un tercio del presupuesto andaluz. En las cuentas de 2012 -que ya nadie duda de que tendrán que revisarse gane quien gane el domingo-, supone 9.293,9 millones de euros, de los que 2.766,1 millones van al gasto farmacéutico. Ahí ha centrado la Junta sus medidas de ajuste, muchas de las cuales el PP quiere copiar para el Estado.
Los médicos andaluces fueron los primeros en prescribir genéricos; los enfermos crónicos estrenaron la receta electrónica (que aligeró las consultas y acabó con el acopio de pastillas a costa del abuelo pensionista); y acaba de ponerse en marcha la primera subasta de medicamentos como protectores gástricos o anticoagulantes que se adjudicarán a laboratorios cuyos productos será los únicos disponibles en las farmacias. La medida ya fue cuestionada por el Ejecutivo de Zapatero por considerar que invadía la competencia estatal de fijar el precio de referencia de los medicamentos (la Junta alega que no se adjudicarán los fármacos a un precio más bajo sino que se obtendrán ofertas 2x1 o contrapartidas en otros productos) y el Gobierno del PP estudia recurrir la norma. Pero sobre todo, ha puesto en contra a los boticarios, que pierden su capacidad de negociar con los fabricantes.
La patronal alerta de posibles desabastecimientos (aunque se exige a los laboratorios una capacidad de producción) y de discriminación a los andaluces al no acceder a los mismos fármacos que los usuarios de otras comunidades. Dadas las posturas contrarias de PSOE y PP al respecto, reclama que se posponga la primera subasta, programada para mañana, hasta después de las elecciones.
Para el sector es la gota que colma el vaso, tras un año de asfixia por la deuda del SAS que les llevaron a pedir créditos para asumir las facturas de noviembre y diciembre, aunque reconocen que fue algo puntual frente a los impagos de otras comunidades (el PP cifra en 4.000 millones la deuda del SAS). Pero lamentan que los ajustes siempre recaen en lo mismo cuando el precio de los medicamentos "está ya tirado". Según el vicepresidente de la patronal Ceofa, José Luis Márquez, el coste por receta está hoy al nivel de 1999 y es el más bajo de España. Asegura que el mayor gasto farmacéutico es el hospitalario, donde ve bien instaurar centrales de compra, como proponen todos los grupos, e incluso acuerdos entre comunidades. En las recetas, no ve margen "salvo reducir su número -en 2011 se expidieron 179 millones- pero eso ya no depende de nosotros". Eso sí, es contrario al pago por receta porque "sería un repago ya que la sanidad la pagamos con nuestros impuestos" y "también rompería la igualdad".
Que el PSOE prima la sanidad en sus presupuestos es innegable. Pero los sindicatos del ramo y la oposición consideran que pese a todo, hay un déficit inversor. Esgrimen que supone el 7% del PIB, dos puntos por debajo de la media europea, y que el gasto de 1.120 euros por habitante también es inferior a la media nacional. El secretario general del sindicato de enfermería Satse, Francisco Muñoz, lo tiene claro. La sanidad está "infrafinanciada". En el presupuesto mantiene su peso pero, a diferencia de la educación, "no crece mientras que los costes de los fármacos y la tecnología sí". Las plantillas tampoco aumentan -"en enfermería es la misma que hace diez años", unos 22.000- mientras la población sigue creciendo y "sobre todo, envejece". Sobre si hay recortes de facto, es contundente: "La sanidad en 2011 ha sido peor que en 2010".
Satse ha denunciado que el cierre de camas habitual en verano se ha prolongado hasta Navidad, que se han cortado contratos eventuales y no hay sustituciones. "Yo estoy orgulloso de la sanidad andaluza, pienso que es una de las mejores de España, pero sí es cierto que el Gobierno actual está poniendo en riesgo esa calidad", admite. Ni Ceofa ni Satse dicen temer más o menos si hay cambio de Gobierno.
Para Muñoz, el pago por receta tampoco es la solución y coincide en que "rompe la equidad del sistema" -una obsesión de todos que entronca con la propuesta de UPyD de devolver al Estado competencias legislativas para que haya un marco común- y que "la eficiencia del gasto farmacéutico no se puede estirar más". Ahí aplaude la gestión de la Junta. Por contra critica el modelo de unidades de gestión implantado porque "no homogeneiza servicios y conlleva el nombramiento de directores que no son necesarios". PP e IU también denuncian estos cargos de libre designación y prometen reformar el modelo.
En sanidad, por mucho que se gaste nunca parece suficiente pero al mismo tiempo es un derecho tan asumido que a veces no hay conciencia de su coste. La Junta implantó facturas sombra para sensibilizar a los ciudadanos del precio real de su atención y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos incide en "involucrar a los ciudadanos" en la sostenibilidad del sistema y en el "uso racional de los recursos". Pero también reclama a la administración mejorar la gestión con "rigor en la incorporación de nuevas tecnologías" según "criterios muy estrictos de coste-efectividad", "redefinir la cartera de servicios" y reformar la atención primaria.
Usuarios y profesionales saben que es tiempo de medir cada euro y la sanidad no es una excepción, pero también que los ajustes en ésta tienen un límite claro, la salud. La más mínima sombra de duda de que pueda verse afectada pasa factura.
