La secretaria del juez Tirado, suspendida por dos años de empleo y sueldo por su dilación en la ejecución del ingreso en prisión del presunto asesino de Mari Luz, afirma en su recurso que la sanción impuesta es "un disparate judicial" en comparación con los 1.500 euros que se reclaman a su jefe. Además, se escuda en las "calamitosas condiciones" del Juzgado de lo Penal 1 y en la "carga insostenible" de casos para justificar lo ocurrido.
Según informaron ayer jueves fuentes del caso a Efe, la defensa de la secretaria no ve justificado que se le impute un incumplimiento de funciones que aún no están definidas, pues la implantación de la nueva Oficina Judicial se encuentra en una situación transitoria. El recurso de Juana Gálvez argumenta además que la Junta de Andalucía tarda tres meses en suplir las bajas de los funcionarios, lo que complica el trabajo.
En su juzgado, el Penal 1 de Sevilla, se trabaja "peor que en el siglo XIX pero con bastantes más causas que entonces", sostiene la defensa de la secretaria judicial, que debió ejecutar el ingreso en prisión de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, para cumplir 21 meses de cárcel por abusar de su propia hija. Por estos mismos hechos, el Consejo General del Poder Judicial impuso una sanción de 1.500 euros al titular del juzgado, Rafael Tirado, en una resolución que será debatida el próximo día 17 por el plenario del CGPJ.
El recurso de la secretaria critica, además, la presunta "desviación de poder" acontecida en la tramitación de la sanción, pues la instructora del expediente había propuesto una suspensión de seis meses y el mismo día en que se conoció la multa al juez Tirado el Ministerio de Justicia anunció que se había elevado a dos años, sin que el expediente le hubiese llegado oficialmente. Desde el punto de vista material, el recurso hace alusión al "caos" del juzgado, donde "es imposible trabajar, hay causas amontonadas en las mesas y en los quicios de las ventanas porque ni siquiera caben en los armarios y en el pasillo".
El abogado de Gálvez, Ramón Entrena, afirmó que su recurso se encuentra ya en el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo 3 de la Audiencia Nacional y, según el calendario normal de señalamientos, la vista no podrá celebrarse hasta dentro de 15 meses.
