La fuerte exposición al ladrillo ha llevado a Banca Cívica, al igual que a muchas de las entidades surgidas en los últimos meses al calor de las fusiones promovidas para sanear el mapa financiero español, a una situación muy delicada. Los últimos requerimientos del Gobierno para provisionar el ladrillo sano, esto es, el procedente de los préstamos concedidos sobre activos en principio sin riesgo de impago, obligan a la entidad -en la que se integra la sevillana Cajasol, así como Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos- a destinar 1.287 millones de euros -901 después de impuestos- a este asunto, una cantidad muy elevada si se compara con la que tienen que reservar entidades mucho más grandes en volumen de activos.
Como muestra un botón. Banco Santander, segundo banco del ranking nacional y cinco veces más grande en dimensión que la entidad en la que se incluye Cajasol, tiene que provisionar 2.700 millones, sólo algo más del doble que la entidad que copreside Antonio Pulido. No obstante, a la entidad de Emilio Botín le quedan por sumar 2.300 millones del primer saneamiento impuesto por el Gobierno para sus activos tóxicos.
Esta es la patata caliente que tendrá que asumir Caixabank. La catalana informó ayer a la CNMV de que tendrá que apartar 2.102 millones -1.471 después de impuestos- para provisionar su ladrillo, cantidad que, sumada a la de Cívica, da un resultado de 3.389 millones que deberá afrontar en su integridad, algo que quedó aún más claro ayer después de que el SIP de Cajasol presentara sus cuentas del primer trimestre. A cero quedaron sus beneficios hasta marzo debido a las provisiones que tuvo que afrontar en la primera oleada de la reforma financiera aprobada por el PP el pasado febrero. Antes de estas dotaciones, el resultado alcanzó la cifra de 66,3 millones de euros, un 0,54% menos que en el mismo periodo de 2010.
Pero la entidad catalana ya tenía colchón para estos imprevistos. De hecho, según el informe remitido a la CNMV, Caixabank había destinado un total de 3.400 millones a la operación de integración de Cívica, por lo que espera que estos 1.287 millones "no tengan un impacto significativo adicional ni en patrimonio ni en solvencia" respecto a lo ya informado a la CNMV.
En su comunicado, el SIP de Cajasol confirma que las citadas provisiones se realizarán "en el seno de la operación de integración (fusión por absorción) de Banca Cívica en Caixabank", que fue suscrita por ambas entidades el pasado 18 de abril y que debe ejecutarse este mismo año. De no llevarse a cabo antes del 31 de diciembre, reconoce, esto conllevaría a "unas pérdidas netas que se estiman en 1.143 millones de euros". "Dichas pérdidas -continúa- generarían un déficit de capital principal estimado en 1.452 millones, necesario para cumplir con el capital regulatorio". Dentro de la cartera de activos sanos provisionados en esta segunda fase de la reforma por parte de Cívica, el 45% corresponde a suelo, el mismo porcentaje que presenta Caixabank. Este dato se torna muy negativo teniendo en cuenta que son los activos más difíciles de colocar en el mercado.
Otras entidades también enviaron sus cuentas a la CNMV -BBVA, primer banco nacional, no los había mandado a cierre de esta edición-. El dato más llamativo, el que se desprende de la recién nacionalizada Bankia. La entidad tendrá que poner encima de la mesa 4.722 millones. De hecho, la intervención estatal ha venido marcada por la incapacidad del banco de hacer frente a su exposición al ladrillo.
En el panorama andaluz, Unicaja Banco estimó unas dotaciones que ascienden a 281 millones después de impuestos que se elevan a 888 teniendo en cuenta su integración con Banco Ceiss. BNM, SIP de Caja Granada, cifró sus provisiones en 640 millones después de impuestos.
