"Nos dijeron que aplicáramos el Plan Bolonia a coste cero, pero es que ya vamos por menos quince". Un alto cargo académico de la Universidad Pablo de Olavide resume así de gráficamente el estado de desánimo que se ha instalado en los pasillos, aulas y laboratorios de las dos instituciones académicas sevillanas a cuenta de los recortes que llegan vía AVE desde Madrid y desde la Casa Rosa, sede del Gobierno andaluz presidido por Griñán.
Al tijeretazo impuesto por Zapatero a las nóminas de los trabajadores universitarios -con una bajada media del 5%-, se le ha unido esta misma semana la confirmación de que el modelo de financiación se congelará con el fin de que la Junta se pueda ahorrar el año que viene hasta 82,3 millones de euros. Bajo la pomposa denominación Plan económico-financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía 2010/2013 se esconde un mazazo para las universidades que, aún con el susto en el cuerpo, no quieren ni valorar.
"Se aplaza un año el cumplimiento del acuerdo sobre el modelo de financiación de las universidades en Andalucía". Ésta es la primera frase de un escueto enunciado sobre el modelo de financiación de las universidades recogido en el documento antes citado y con el que la Junta certifica que tiene que tocar lo que dijo que nunca tocaría: la educación, en este caso la Superior. "La Universidad es el eje de la recuperación económica, porque es garantía de prosperidad, equidad y eficiencia (...) un servicio público esencial", decía Griñán hace tan sólo unos días en la toma de posesión del rector de Córdoba, en el monasterio de Santa María de las Cuevas, en la Cartuja. La Universidad de Sevilla y la Olavide se resisten a hacer comentarios sobre el aplazamiento del modelo de financiación y las consecuencias sobre su funcionamiento cotidiano. De hecho, para eludirlos, aseguran no tener "noticias" de esta congelación. En lenguaje políticamente incorrecto: algo se olían ya.
A las universidades se les pide más transferencia tecnológica, más innovación, más calidad, más espíritu emprendedor, además de una correcta aplicación del Plan Bolonia. Y todo en un escenario de recorte "muy preocupante", como reconoció el rector de la Hispalense en un informe al Consejo de Gobierno del que se hizo eco este periódico en exclusiva. "El Sr. rector -dice el informe- reitera que reclamará, en todos los foros posibles y en especial ante los representantes políticos, que se sea consecuente con el discurso sobre la importancia de la educación o la consideración de la educación superior como la inversión del futuro". Se puede decir más alto, pero no más claro.
Pero a este escenario de recortes de las macro cifras universitarias hay que sumarle el enfado -dicho de forma suave- que los funcionarios tienen con la Administración por haberles metido ésta la mano en la cartera. Aquí es donde las universidades sevillanas están verdaderamente preocupadas. La Hispalense ya lo tiene claro: teme el efecto "desincentivador" sobre sus trabajadores en un momento de "especial esfuerzo, cuando estamos inmersos en el proceso de adaptación y aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior", se lamenta el rector de la Hispalense, Joaquín Luque. Porque los números que hacen los funcionarios universitarios son contundentes. Los grupos A1 (catedráticos) y A2 (profesores titulares) -los más numerosos dentro de la Universidad- perderán al mes entre 300 y 200 euros, respectivamente. Cantidad a la que hay que sumarle el recorte de las pagas extraordinarias. La primera que se tocará será la de diciembre. Las Navidades habrá que pasarlas con 2.000 euros menos. El debate está abierto en las aulas sevillanas. En las de la Hispalense hay incluso un grupo de profesores que recoge firmas para conseguir que se convoque un Claustro extraordinario en el que, como único punto del día, se haga un pronunciamiento oficial contra los recortes salariales que, "por imperativo legal, sin que exista ningún margen de apreciación o discrecionalidad", tienen que aplicar las universidades, en palabras de Joaquín Luque a los suyos.La Junta asegura que su plan de reequilibrio es un punto de partida. Ahora tendrá que plasmarlo, y negociarlo, de cara a los presupuestos de 2011. Será entonces cuando las universidades deberán decidir si alzan la voz o se decantan por la prudencia que hasta ahora han demostrado.
