Las cadenas de distribución comercial presentes en Andalucía están dispuestas a cobrar a sus clientes los 10 céntimos por bolsa de plástico que el Gobierno autonómico les quiere cobrar como una especie de impuesto verde dentro de sus medidas fiscales para recaudar más y ajustar las cuentas públicas de la comunidad.
De esta forma, lo que en principio iba a ser una carga tributaria que pagarían las empresas, al final pesará sobre los bolsillos de los ciudadanos.
En el día de hoy, la patronal andaluza de comerciantes (CECA ), la de los supermercados que operan en la región (CAEA ) y la de las grandes superficies (Anged ) mantendrán un encuentro en el seno de la Comisión de Comercio de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA ) para analizar la situación creada y dar una respuesta conjunta al nuevo impuesto anunciado la semana pasada por José Antonio Griñán, jefe del Ejecutivo regional.
Fuentes de las cadenas de distribución dijeron a este periódico estar "sorprendidas" por la decisión de Griñán, por cuanto estaban negociando con la Consejería de Medio Ambiente una estrategia para reducir la utilización de las bolsas de plástico y, por tanto, su impacto sobre el entorno natural.
Se trataría de alcanzar un acuerdo que, al igual que en Cataluña, donde también se intentó imponer un impuesto similar, se diera libertad a las empresas para elegir la fórmula que disminuyera esas bolsas de un solo uso, y aquí cabían desde cobrarlas hasta no darlas a los clientes. Y siempre desde un objetivo medioambiental y no recaudatorio ni para la compañía ni para las arcas públicas.
En estos momentos, la inmensa mayoría de las cadenas sigue regalando las tradicionales bolsas y sólo algunas las cobran, aunque en ningún caso pasan de los 3 céntimos, y no 10 como pretende fijar la Administración andaluza como cargo a las empresas (no a los ciudadanos).
En su día, Carrefour, el principal operador comercial de la comunidad, las retiró y fomentó las duraderas fabricadas a partir de cultivos vegetales sin destino alimentario (por ejemplo, las bolsas de rafia, a 50 céntimos cada una) y las biodegradables, que cobraba a 10 céntimos.
Unos meses después, éstas últimas las ha abaratado a un céntimo, aduciendo la buena acogida que había gozado su estrategia medioambiental, aunque también estaba el malestar entre los clientes y que sus principales rivales las regalan.
Si al final el impuesto sale adelante, "en Andalucía tendremos las bolsas de plástico más caras de España", dicen las fuentes, que insisten en que las cadenas comerciales no asumirán el coste, habida cuenta de que la guerra entre ellas se da para abaratar los precios a los clientes, no para engordar las arcas autonómicas.
Es más, agregan, a partir de julio sube el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para todo el mundo, y muchas de ellas tratarán de no repercutir la subida adicional en los precios finales. Lo que no van a hacer, explican, es asumir ese coste en sus cuentas y, además, los 10 céntimos por bolsa de plástico.
Fuentes de la patronal CEA confirman la reunión de hoy y recuerdan, además, que las distintas asociaciones del comercio habían mantenido conversaciones con Medio Ambiente y presentaron una propuesta para la disminución "voluntaria" de las bolsas "para adelantar así los objetivos marcados por la Unión Europea".
Desde la organización que preside Santiago Herrero hablan de un "grave perjuicio económico" y de un afán no tanto ecológico como recaudatorio.
Un informe elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona Luis M. Alonso González y que sirvió para que la Generalitat catalana se echase para atrás en sus pretensiones, advierte de las consecuencias de imponer el gravamen puesto que el comerciante, al estar obligado a su pago, es de suponer que repercutiría la cuota en el consumidor, "que es, al fin y al cabo, el sujeto que en esta cadena de operaciones evidencia su capacidad económica al consumir comprando y utilizando las bolsas para transportar lo adquirido".
Es más, cuestiona incluso la capacidad de la Administración catalana a la hora de controlar la aplicación del impuesto, y si dicha gestión no sería superior a la recaudación en sí.
Asimismo, añade el profesor, "la bolsa ya es la base de un gravamen económico que asume el sector comercial a través de la correspondiente aportación económica a los sistemas integrados de gestión de residuos". Por tanto, argumenta, se incidiría "dos veces en la misma cadena y, además, en el mismo sujeto", y se hablaría, concluye, de "exceso y desproporción".
