Las patronales de la construcción CNC, Seopan, ANCI, Aerco y Cepco se pusieron ayer de acuerdo por primera vez para pedir al Gobierno un plan que ordene y ayude al sector en la "importante" reestructuración a la que se verá abocado ante el recorte de inversión en obra pública de 6.400 millones anunciado por el Ministerio de Fomento.
Las constructoras demandaron también ayudas fiscales y crediticias a través del ICO, en la misma línea que las concedidas a otros sectores como la banca, las cajas de ahorros, el automóvil o la siderurgia, para que las empresas afronten las tensiones de liquidez y los problemas de solvencia que puede provocar en el corto plazo la suspensión y aplazamiento de contratos por parte del departamento que dirige José Blanco.
Además, reclamaron al Gobierno que optimice los recursos para obras públicas, recortando de otras partidas de gastos y buscando otros "yacimientos" de ingresos (privatizaciones, el pago por el uso de las vías, mayor recaudación por el impuesto de carburantes o al tabaco, el eventual copago sanitario) y la inmediata puesta en marcha del Plan Extraordinario de Infraestructuras en colaboración con capital privado, como medidas de compensación, al tiempo que pidieron que el recorte no se amplíe en los Presupuestos de 2011.
Indicaron que si Fomento no paga obras en lo que queda de año, muchas empresas entrarán en "una situación de falta de ingresos" que las llevará "inevitablemente a situaciones concursales que pueden acabar en quiebras provocadas no por los mercados, sino por la política gubernamental".
El presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Jaime Lamo de Espinosa, señaló que la reestructuración puede ser "caótica", y que la única manera de frenarla es que el Gobierno se plantee recortes de gastos no productivos antes de la aprobación de los Presupuestos. Añadió que así se podría "recomponer presupuestariamente" las cifras del Ministerio de Fomento y "todo el esquema de inversión pública".
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, explicó que los recortes provocarán una reestructuración "intensa y rápida" que tendrá "graves consecuencias para la actividad, el empleo y los ingresos públicos".
REPERCUSIÓN. Las patronales señalaron que por cada millón de euros que deje de invertirse, la Administración pública dejará de percibir 570.000 euros de retorno fiscal, en tanto que se destruirán 18 puestos de trabajo, lo que podría causar la pérdida de no menos de 115.000 empleos.
Además, recordaron que los recortes implican la rescisión de contratos equivalentes al 10% de la cartera total pendiente de ejecutar por Fomento -unos 21.000 millones- y la reprogramación de anualidades de obras en torno al 40% (8.400 millones).
El presidente de Seopan, David Taguas, indicó que el sector se encuentra ante una reducción "muy importante" de la demanda que, unida a las exigencias de la nueva Ley de Morosidad, puede hacer que muchas empresas tengan un "problema de solvencia" a corto plazo que "les impediría subsistir".
Las constructoras "comprenden el necesario" ajuste presupuestario, pero rechazan que el grueso del plan antidéficit "condene" a la inversión productiva, "principal arma del Gobierno para potenciar el crecimiento por su carácter anticíclico y su efecto inmediato en la actividad económica y el empleo".
