Si lo que querían los jueces españoles con su anuncio de huelga para el 26 de junio era reclamar la atención sobre el colapso del sistema judicial en España, se puede colegir que han logrado su objetivo. La sociedad asiste atónita a una situación inédita: un amago de paro que erosiona aún más la credibilidad de uno de los pivotes en los que se asienta el sistema democrático.
Cualquiera que haya pisado un juzgado sabe de la precariedad con la que se trabaja en los órganos judiciales, pero el "hartazgo" que dicen tener los togados ante esta situación no puede amparar una actuación que socava un principio fundamental de cualquier sociedad democrática: el de que un poder del Estado no se puede poner en huelga. Los jueces no son unos trabajadores cualquiera que se amparan en el artículo 28.2 de la Constitución española para ejercer un derecho legítimo.
Por el contrario, sobre ellos recae la representatividad de uno de los tres poderes en los que se asienta el Estado y, en consecuencia, según sostienen los expertos, no pueden convocar un paro del mismo modo que tampoco pueden hacerlo los diputados de un parlamento o los gobernantes de cualquier Administración.Los jueces deberían reflexionar también sobre la idoneidad de esta convocatoria y sobre los argumentos esgrimidos para decidir si la llevan a la práctica.
Si con ella pretenden "exteriorizar el sentimiento generalizado y unánime del malestar de la carrera judical" por la falta de medios y por las críticas de otros poderes, parece que hay otros modos de expresarla sin necesidad de llegar a estos extremos. En su gran mayoría, los ciudadanos comparten la preocupación de los magistrados por las carencias con las que trabajan, pero también entienden que esta precariedad no justifica acciones tremendistas que socavan los pilares del Estado y que sólo pueden interpretarse como un pulso al Gobierno al estilo de los que, por ejemplo, practican los pilotos del Sepla en Iberia.
