Cataluña se escuda en que Andalucía ya lo ha hecho. Ante la polémica levantada por las 'embajadas' que Carod Rovira, como vicepresidente de la Generalitat, está abriendo por el mundo, aseguran que Manuel Chaves ya dispone de esas oficinas diplomáticas. La Junta lo desmiente. Las embajadas fantasma son humo.
"No somos los primeros". La pasada semana el presidente de la Generalitat, José Montilla, se defendió de las críticas que despiertan las delegaciones en el exterior que está abriendo su vicepresidente, el nacionalista de ERC Carod Rovira, asegurando que otras seis comunidades -entre ellas mencionó la primera a Andalucía- disponen ya de esas pseudoembajadas. Montilla está recibiendo críticas por quienes consideran que esas oficinas son un gasto inútil en plena crisis (sus cuentas consignan 25,9 millones de euros para esas embajadas y otros 268 para acción exterior), ya que la Generalitat carece de competencias.
Si la Generalitat de Cataluña asegura que Andalucía tiene ya delegaciones en Buenos Aires, Nueva York, Berlín, Londres y París, desde la Junta de Andalucía lo niegan con rotundidad. El Secretario General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Enrique Ojeda, empieza por lo más lógico: "El artículo 97 de la Constitución declara la política exterior como una competencia exclusiva del Estado". La única delegación de la Junta se ubica en Bruselas.
"Cada comunidad puede ser más o menos activa en el exterior. Es obvio que por su propia localización, Andalucía tienen lazos estrechos con Marruecos, Portugal, el arco Mediterráneo, está presente fuera a través de los andaluces que residen en el exterior y también por la solidaridad que presta a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional", explica Ojeda, pero "nada de esto implica ejercer relaciones bilaterales desde el punto de vista diplomático con otros países".
Montilla se escuda en las llamadas Unidades de Promoción de Negocios (UPN) que la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) tiene en 22 países. Estas oficinas, aclara la directora general de Extenda, Teresa Sáez, "no tienen ningún estatus diplomático, ni lo buscamos ni creo que fuera posible". Se trata de oficinas para ayudar a las empresas andaluzas en su internacionalización. Así, mientras las polémicas oficinas catalanas se venden con perfil político, como instrumentos para "reforzar las relaciones bilaterales" con otros países, las de Extenda tienen un corte empresarial. Otra diferencia clave es que en el caso de Cataluña es la vicepresidencia, en manos de ERC, la que designa a sus representantes en esos países.
Sáez explica que Extenda siempre busca un socio local. Se convoca un concurso público al que optan firmas -normalmente autóctonas- de consultoría, bufete de abogados, empresas de comunicación... a las que se adjudica la oficina. El objetivo es mucho más parecido al de las oficinas del Cidem (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial) o el Copca (Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña), que la Generalitat comenzó a desplegar bajo la batuta de Jordi Pujol en 1987. Extenda cuenta en el Presupuesto andaluz de 2009 con 29 millones de euros. La dotación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional es de 100 millones.
Elvira Saint-Gerons asegura que la que ella dirige en Bruselas es la única Delegación de la Junta en el extranjero. Nació en 1995, después de que el Tribunal Constitucional reconociera un año antes -respondiendo a un recurso del País Vasco-que las comunidades podían tener sede en Bruselas porque allí se tomaban muchas decisiones que afectaban directamente a sus intereses. Saint-Gerons, en el cargo desde 2004, asegura que ya todas las comunidades están en Bruselas.
La Delegación en Bruselas está hoy integrada por 18 personas (dos secretarios, tres becarios, y varios técnicos, cuatro enviados por las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente, Empleo e Igualdad a través de sus empresas públicas). Ninguno es funcionario. El Presupuesto de Presidencia para acción exterior asciende a 10,5 millones.
Carod Rovira ya avisó de que exprimiría al máximo el Estatut para dotar a Cataluña de relaciones internacionales. El texto catalán, en el Constitucional, prevé en su artículo 194 que la Generalitat pueda establecer oficinas en el exterior. El Estatuto andaluz no lo contempla.
