Constructoras, estudios de arquitectura o empresas de ingeniería ya no tendrán que pagar una fianza para concurrir a concursos públicos. La Junta eliminar en 2010 y 2011 esta garantía provisional, que puede alcanzar hasta el 3% del presupuesto de licitación, establecida en la Ley de Contratos del Sector Público.
El objetivo es facilitar la participación de la iniciativa privada en los proyectos públicos eliminando cargas económicas a las empresas ante la crisis. La Junta calcula que las empresas se ahorrarán 54 millones al año.
No obstante, se mantiene la posibilidad de exigirla en casos excepcionales y justificados y siempre se devolverán de inmediato tras la adjudicación.
En cuanto a la garantía definitiva que deben pagar las empresas que ganen los concursos, se adelante su devolución un mes.
