Tras dos décadas de retraso, las leyes locales nacen en el peor momento, con los ayuntamientos con la soga al cuello por el desplome de su recaudación del ladrillo y, según la oposición, más asfixiados que nunca porque son los que atienden las "emergencias" sociales de sus vecinos por la crisis. Esta coyuntura hace "más necesaria que nunca" que la inyección de la Junta sea mayor de la prevista, coincidieron PP e IU. Pero el PSOE defendió que el "esfuerzo" que en plena crisis hará el Gobierno andaluz con los consistorios no tiene parangón con ninguna otra comunidad y retó al PP a que haga lo mismo en sus regiones. El dinero es el principal motivo de desacuerdo.
Los alcaldes recibirán a final de año 200 millones incondicionados, es decir, que pueden gastar en lo que decidan. El año que viene entra en vigor el fondo local, al que es voluntario adherirse, y que asciende a 420 millones en 2011. Llegará a 600 millones en 2014. El Ejecutivo de José Antonio Griñán ha prometido que los recortes no afectarán al dinero de los municipios. Las normas se aprobaron un día después que el Gobierno central decidiera aplazar la reforma de la financiación local e impusiera férreas restricciones al crédito municipal.
A Pizarro le "sorprendió" enormemente que IU rechazara las normas y no se abstuviera, al menos, en la votación de la Ley de Autonomía. Para la Junta, en la federación de izquierdas han prevalecido las posiciones más radicales de la CUT de Sánchez Gordillo. El líder de IU, Diego Valderas, criticó que la "resistencia" del PSOE ha impedido que los textos se "mejorasen" y justificó su rechazo en que no se reconoce la deuda histórica de los ayuntamientos y "no habrá verdadera autonomía". Hizo hincapié en que el "tijeretazo" del Ejecutivo central -que prohibirá a los consistorios pedir préstamo- y los "recortes" en el Proteja agravarán la ruina local. "Sólo veo nubarrones en el horizonte", dijo.
El PP tuvo una posición más dura y también recibió todos los golpes del PSOE. Ambos partidos se enzarzaron a cuenta de la postura de sus alcaldes. La regidora popular de Adra, Carmen Crespo, aseguró que los socialistas "presionaron" a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para que la "insatisfacción manifestada" que alegaron los alcaldes de todas las siglas se convirtiera en "insatisfacción controlada". El diputado socialista Fernando Martínez le recordó que en el trámite parlamentario su partido incorporó las enmiendas pactadas con la FAMP y que fueron "respaldadas unánimemente" en el Consejo Andaluz de Concertación Local, donde se sientan los alcaldes de todos los partidos. "Existe un divorcio entre ustedes y sus regidores", le espetó. El presidente de la FAMP, Francisco Toscano, declaró que los ayuntamientos andaluces son hoy "la envidia del país".
Crespo acusó al PSOE de "anteponer los intereses partidistas a los municipalistas" porque tiene "miedo de perder el poder local". El PP votó no a las normas porque, según su portavoz, no transfieren ninguna competencia nueva y son "sectáreas, controladoras e intervencionistas".
La Ley de Autonomía Local fija por primera vez un marco de 29 competencias exclusivas y mínimas de los ayuntamientos, pero los alcaldes siguen demandando más en materia urbanística y que la última palabra del planeamiento municipal la tenga el consistorio. La FAMP no consiguió arrancar más dinero pero sí que se vaya a crear el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, un órgano que opinará sobre toda la legislación autonómica que afecte a los ayuntamientos pero que no tendrá carácter vinculante.
Con estas leyes Andalucía pone fin a un capítulo de sus historia que coleaba desde principios de la autonomía. Para la oposición, ese capítulo debería de haberse cerrado "con éxito".
