El Gobierno da marcha atrás. El decreto que desarrolla la nueva Ley del Aborto establece que las menores de edad, además de informar a sus padres, tendrán que ir acompañadas por su representante legal a la clínica donde vaya a practicarse el aborto, según informó ayer la Cadena SER.
El Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros recoge un cambio importante que ha sorprendido incluso a la dirigentes del PSOE. En su artículo 8 el decreto obliga a las menores de edad a ir acompañadas por su representante legal a entregar al personal sanitario de la clínica de la documentación que acredita que al menos uno de los dos progenitores ha sido informado de la decisión de abortar.
Esto supone que las chicas de 16 y de 17 años tendrán finalmente que ir acompañadas por sus padres a la interrupción voluntaria del embarazo. Dicho requisito no figuraba en el proyecto del Real Decreto que el Gobierno le envió hace un par de meses a las Comunidades Autónomas y en el que se daba más libertad a las menores.
Simplemente tenían que aportar al centro médico un documento que acreditase que han informado a sus padres y una copia de la identidad del informado.
El Ministerio de Igualdad justifica este nuevo cambio en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica del personal sanitario de la clínica, dice que los médicos se lo habían pedido y añade que se lo recomendó también el Consejo de Estado.
No hay modificaciones para los casos excepcionales: cuando la menor alegue conflicto familiar. En este supuesto se mantiene prácticamente igual: no tendrá que informar a sus padres aunque el médico encargado de practicar el aborto deberá apreciar por escrito y con la firma de la mujer que esas alegaciones son fundadas pudiendo solicitar en su caso un informe psiquiátrico, psicológico o de un trabajador social.
Críticas
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, afirmó ayer que “España apuesta por promover el aborto desde el Gobierno y con el dinero de todos”, en un análisis de la nueva Ley con la que “persiste la nula protección del no nacido, facilita el negocio privado del aborto, abandona a la mujer embarazada y traslada a los médicos dedicados al aborto las funciones de la patria potestad respecto a las menores de edad”.
En su opinión, “las nuevas normas ratifican lo que ya se podía intuir en la ley: las competencias propias de la patria potestad que se expropian a los padres se entregan a los médicos, incluso a los que no tienen más interés que el mercantil en que se produzcan abortos. Es una aberración jurídica que va a dar lugar a muchos pleitos y reclamaciones”, ha agregado Blanco con respecto a las menores de edad.
Además, el eurodiputado del Partido Popular Jaime Mayor Oreja advirtió ayer contra el silencio y la pasividad, sobre todo en la vida pública, como “cómplices” de la crisis de valores, durante la presentación de una carta de bienvenida al Papa por su próximo viaje a Santiago de Compostela y Barcelona, previsto para noviembre.
“Hace falta que todos y cada uno de nosotros nos preguntemos qué algo más tenemos que hacer hoy, porque lo que hemos hecho hasta la fecha, especialmente en la vida pública en este ámbito, es marcada y a veces escandalosamente insuficiente”, ha añadido ante unas doscientas personas.
Por último, el Foro de la Familia anima a todos los españoles a concentrarse ante el Tribunal Constitucional el sábado 3 de julio bajo el lema 25 años bastan, sí a la vida de todos.
