Información hecha por Daniel Cela y Carlota Muñoz El Gobierno andaluz ha sido el primero en alinearse con los rectores de su comunidad apoyando su rechazo en bloque a la reforma universitaria del Ministerio de Educación, que reduce los grados de cuatro a tres años, y aumenta la duración del máster, de uno a dos. La nueva fórmula se ha dado en llamar 3+2, frente al modelo actual que deviene del Plan Bolonia, y que se conoce como 4+1. Las universidades andaluzas, con respaldo de la Junta, no iniciarán ningún trámite relativo a la reforma de grados hasta septiembre de 2016, una moratoria que defienden, por amplia mayoría, los rectores del país.
Un día después de la reunión en Madrid de la CRUE Conferencia de Rectores Españoles, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, citó a los rectores de las diez universidades andaluzas para fijar un frente común en contra de la reforma del ministro José Ignacio Wert. Díaz se inclina por «no aplicar» dicha norma en Andalucía, al considerar que «quiebra la igualdad de oportunidades». La explicación es que se puede estudiar un grado (antigua licenciatura) accediendo a becas, pero la mayoría de los másteres se financian con préstamos privados, y no todo el mundo tiene recursos para costearse dos años de máster. El precio del crédito del máster es de 30 euros frente a los 12 del grado.
La reforma Wert es de aplicación voluntaria, depende de la autonomía de las universidades, pero éstas deben contar con el respaldo de los gobiernos autonómicos, que son quienes las financian. El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, puso ayer en valor que la Junta vaya de la mano de los rectores andaluces: «Un gobierno regional puede decirle a una universidad: usted siga con el 4+1, pero yo sólo le voy a financiar el 3+2. Eso no va a pasar aquí». Lo que sí le ha pedido Díaz a los rectores es que su decisión fuera unánime, es decir, que se mantuviera el Distrito Único y que hubiera «uniformidad» de criterio en las diez universidades.
Sánchez Maldonado llevó ayer un informe al Consejo de Gobierno para explicar por qué la Junta rechaza la reducción de grados, y que sintetiza en tres puntos: la reforma Wert es «extemporánea», porque hace sólo cuatro años que se estrenó el sistema actual, la adaptación al Plan Bolonia, del que ahora saldrán los primeros acreditados que permitirán comprobar si el modelo funciona. «Aún no tenemos resultados ni datos de inserción laboral de universitarios, ni de éxito ni de fracaso», se quejó el consejero. Segundo, la reforma supone un nuevo recorte en el gasto público universitario de más de 800 millones: al reducir un año los grados, se prescinde del 25% de profesores y recursos. El Estado se lo ahorra, pero lo asumen las familias, que tienen que costear un máster de dos años. Y tercero, la reforma plantea un problema de homologación laboral y académico: «¿Los graduados de tres años y los de cuatro años pertenecerán al mismo grupo de cotización de la Seguridad Social?», se preguntó Sánchez Maldonado.
La reunión de urgencia de los rectores y la Junta quedó descafeinada desde el momento en que el lunes la asamblea de la CRUE decidió por 57 votos a favor (entre ellos, los rectores andaluces) frente a cinco abstenciones y un voto en contra aplazar la reducción de los grados hasta el curso 2017/2018. Sí tiene un valor político, ya que Andalucía es la primera comunidad que lanza un mensaje claro a Wert: ni se acepta la reforma ni se aceptan los argumentos.
El presidente de la CRUE, Manuel López, ya lo pidió en su comparecencia ante la prensa tras la asamblea: las comunidades autónomas deben fijar una estrategia común para evitar una «modificación desordenada del sistema». La rebelión de las universidades necesita de la complicidad de los gobiernos autónomos para evitar, entre otros efectos perversos, un «mercadeo de títulos» y una competición por conseguir ser los primeros en adaptar su oferta académica al decreto Wert.
