Sólo hay un colectivo afectado por la crisis que se acerca en desesperación a esos 3,3 millones de personas que se encuentran sin empleo en España. Se trata de los dueños de esas pequeñas y medianas empresas a los que la falta de liquidez amenaza con hacerlos desaparecer. Ayer, el presidente de las Cámaras de Comercio de España, Javier Gómez Navarro, ofreció los datos que demuestran que ese grito de auxilio que no parecen escuchar ni bancos ni cajas está afectando al día a día de cientos de miles de empresas del país. Según una encuesta de este organismo, cuatro de cinco pymes españolas tienen problemas para acceder al crédito y cerca de 200.000 empresas pueden cerrar en breve por la denegación de los créditos bancarios con los que hasta ahora financiaban su circulante, es decir, el dinero que manejaban en el día para pagar a sus trabajadores y a sus proveedores. El 75% de los encuestados afirma que los gastos y comisiones ligados a los créditos se han encarecido y el 71% agrega que también han aumentado las exigencias de avales y garantías. Estos datos no implican que haya que obligar a las entidades financieras a conceder créditos si entienden que la prudencia aconseja no autorizar estas operaciones, pues para eso se están jugando su supervivencia en un mercado como el bancario que vive también momentos difíciles. Pero los bancos y cajas tampoco deberían olvidar jamás que pertenecen a un sistema que necesita de su ayuda para aliviar la crisis de liquidez que atenaza la estructura empresarial de todo un país. No se pueden encadenar verdaderos panegíricos sobre la responsabilidad social corporativa de sus empresas para que ahora, cuando más se les necesita, dejen en segundo plano el compromiso social al que están obligados. No se les pide un esfuerzo titánico, sino que se comprometan con todos normalizando en la medida de sus posibilidades unos créditos que parecen haberse esfumado de sus sucursales.
