El juicio para dilucidar la culpabilidad del concurso de acreedores del Betis está previsto que se inicie mañana miércoles a las nueve y media de la mañana en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla. El juez Eduardo Gómez López, a día de ayer, no había resuelto aún sobre las diversas peticiones de suspensión realizadas por los abogados de la defensa de Manuel Ruiz de Lopera, José León, Luis Oliver y otra serie de exconsejeros, que se exponen a pagar una multa solidaria de hasta 25 millones de euros que revertirían en el Betis como indemnización por daños y perjuicios y a varios y distintos años de inhabilitación para todos ellos si el concurso fuera declarado culpable.
En concreto, la defensa ha pedido la suspensión del juicio por el embarazo de una de las letradas (por este motivo y la baja maternal de otra, ya fue suspendido en dos ocasiones, en julio de 2014 y en enero de este mismo año 2015), por tener fijado uno de los abogados de la defensa otro juicio para esta fecha, y por prejudicialidad civil y penal, pues entienden los abogados defensores que antes de celebrarse este juicio ha de resolverse otro por acción social de responsabilidad (fijado para febrero de 2017 en el Mercantil nº 2) en el que el propio Betis, a instancias del anterior administrador judicial, José Antonio Bosch, reclama 1,3 millones de euros a José León, Jaime Rodríguez-Sacristán, Luis Oliver, Manuel Castaño y Ángel Vergara, todos ellos encausados también en el juicio por la culpabilidad del concurso.
Habrá que estar pendientes por lo tanto a lo que suceda mañana miércoles en el juzgado, donde también hay vistas previstas para los días 5, 6, 12 y 13 de este mes de marzo, pues no hay que descartar que a última hora prospere alguna de las peticiones de suspensión y el juicio sufra un nuevo aplazamiento, que sería el tercero.
El 23, otro juicio
En este mismo Juzgado de lo Mercantil número 1 está previsto que se inicie, el próximo 23 de marzo, otro juicio, por la denuncia presentada por un grupo de diecisiete accionistas de la entidad, en el que se discute la propiedad de 36.869 acciones adquiridas por Farusa en 1992 y que suponen un 31,38% de las participaciones del club incluidas en el 51,34% de Farusa que están embargadas por el Juzgado de Instrucción número 6 y administradas actualmente por Francisco Estepa.
