El doble plan de choque de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación para intentar frenar la crisis desde los ayuntamientos va a dejar en Sevilla 141,1 millones de euros. Con esta ayuda extraordinaria se acometerán 154 obras públicas, que vendrán a crear unos 2.800 puestos de trabajo.
Las ayudas de las dos administraciones serán como maná para las arcas de un Consistorio que se ha visto obligado a prorrogar su presupuesto. Los más de 141 millones de euros que recibe la capital andaluza van a cristalizar en 154 obras -148 de ellas financiadas por el Plan 8.000 del Ejecutivo central y las seis restantes, por el Plan Proteja de la Junta-; en total serán mil puntos los que se beneficiarán de esos trabajos en toda la ciudad.
Las obras permitirán la creación de 2.800 empleos, que se concretarán en breve, teniendo en cuenta que los plazos para presentar las obras expiran, como máximo, el 2 de marzo. Se trata de puestos temporales, en función de la duración de los trabajos, y aproximadamente la mitad no son de nueva creación, sino que se trata de empleos que se van a afianzar y que sin esta lluvia de millones se perderían.
En la documentación entregada a la prensa, el Ayuntamiento recuerda que el consenso para la creación de estos puestos ha sido muy elevado, pues en la elaboración de los proyectos han participado tanto la oposición, el PP, como los sindicatos, CCOO y UGT, y la Confederación de Empresarios de Sevilla. "Se han seguido sus recomendaciones en cuanto a primar aquellos [proyectos] que generen mayor número de puestos de trabajo y que atiendan a los sectores productivos", afirma el Consistorio.
A la hora de adjudicar los proyectos, se priorizará la adjudicación de los contratos a las empresas que empleen a un mayor número de trabajadores en la ejecución de los planes y más aún si éstos se encuentran desempleados. Se valorará mejor a las empresas que reduzcan hasta un mes el plazo de ejecución establecido en el proyecto técnico inicial. No se valorarán las bajas económicas, "porque la prioridad es invertir el mayor volumen económico para generar el mayor número de puestos de trabajo".
La administración abonará a los contratistas a los 30 días de la certificación de la obra, para inyectarles liquidez rápido. Una comisión velará para que se cumplan las cláusulas sociales de contratación.
