Manuel Ruiz de Lopera, el miércoles al salir del juzgado.
La jueza Mercedes Alaya todavía no ha dictado el auto en que resolverá si acepta alguna de las medidas cautelares sugeridas el miércoles por las tres asociaciones querellantes o deja a Manuel Ruiz de Lopera tal cual, pendiente sólo de comprobar si va a juicio o no pero con sus acciones intactas. Es decir, en manos de la sociedad Bitton Sport. El auto aún no está en poder de ninguna de las partes, pero la acusación prefiere apostar por el optimismo. "El hecho de que se esté dilatando en el tiempo es buena señal. Si quisiera desestimar las medidas, lo habría hecho sobre la marcha", apuntó ayer Cayetano García de la Borbolla, de Por Nuestro Betis (PNB).Las esperanzas de las asociaciones acusadoras están algo matizadas, por no decir mermadas, por el varapalo que indudablemente ha supuesto para ellas la actitud de la Fiscalía, contraria a esas medidas cautelares. Los querellantes incluso lamentan que el comportamiento de la fiscal Margarita Viera durante la comparecencia de anteayer pareciese más propio de una "segunda defensa" de Lopera que de una de las partes acusadoras. La reacción no se queda en el simple disgusto. Una de las asociaciones se está planteando la posibilidad de acudir al Fiscal General del Estado para solicitar amparo ante la actitud que ha adoptado la Fiscalía sevillana, sobre todo desde que invalidó la investigación de lo ocurrido en 1992 porque consideraba que cualquier posible delito cometido entonces habría prescrito.
LA FAMOSA CAUCIÓN. A la espera de que la jueza emita el auto, las asociaciones opositoras y acusadoras también están pendientes de que la magistrada las obligue a avalar la posible indemnización que debería recibir Lopera en caso de que se adopten medidas cautelares en su contra y el fallo final le sea favorable. PNB, que el miércoles se lanzó a la piscina y no se negó a pagar esa fianza, aún mantiene su postura. Siempre que la cantidad sea coherente, claro. "Tenemos sindicados entre 70 y 80 millones de pesetas. Hasta ahí sería fácil aportar la caución. Se habló de diez millones de euros, pero eso es una barbaridad", dijo García de la Borbolla.
Por parte de la Liga de Juristas Béticos, Adolfo Cuéllar se postuló al contrario: "No necesariamente hay que pagar fianza. Tengo serias dudas de que proceda. Si las medidas las hubiera solicitado la Fiscalía, no habría caución", explicó el abogado, que recordó que "lo más importante fue la imputación formal a Lopera de unos delitos con unas consecuencias económicas muy graves". Béticos por el Villamarín todavía debe consensuar su decisión.
LA VERSIÓN DE LOPERA. Lopera también habló ayer, pero a través de un comunicado en la web del ex director de comunicación del Betis, Iván Larriba. "Es rotundamente falsa la información de que el señor Ruiz de Lopera habría hecho una valoración apocalíptica de la situación del club; lo único que realmente dijo es que puede ser que le echen de menos", aclara el ex máximo accionista, que también dice que "no hay ningún fundamento para adoptar medidas cautelares", entre otras cosas porque "ninguna de las asociaciones solicitantes ofreció la necesaria caución [...], poniéndose de manifiesto que carecen de respaldo patrimonial". También se apoya en el rechazo de la fiscal a esas propuestas "por entender que se habían imputado hechos de dudosa tipicidad y probablemente prescritos".
