Una garza sobrevuela un campo de arroz en la localidad sevillana de Isla Mayor. / El Correo
La producción agrícola integrada, que tan sólo recurre a los agroquímicos cuando los técnicos agrónomos lo determinan y no según los usos y costumbres del agricultor, es un gran logro del arroz en las marismas sevillanas, donde conviven el cultivo y las aves de Doñana, puesto que éstas tienen allí su particular despensa de grano y cangrejo. Esta manera semiecológica de trabajar la tierra tiene un coste y también una ayuda de las administraciones, llamada agroambiental y, hasta ahora, cifrada en 248 euros por hectárea. Pues bien, esta prima, ya existente, fue el pasado miércoles concretada por la consejera andaluza del ramo, Elena Víboras, durante una visita a empresas arroceras de la zona, en una horquilla de entre 115 y 137 euros por hectárea dentro del nuevo Plan de Desarrollo Rural.
Semejante descenso provocó ayer la ira de la patronal agraria Asaja de Sevilla que, en un durísimo comunicado de prensa, acusaba a la consejera de concebir unas medidas sin criterios técnicos ni económicos, de inventarse nuevas exigencias incumplibles y, por último, de enterrar la producción integrada en el arrozal si tales condiciones no cambian, por mucho que, en su comunicado del miércoles, Elena Víboras elogiara la compatibilidad medioambiental conseguida y manifestara que la ayuda «hace patente el firme compromiso del Gobierno de Andalucía con el cultivo del arroz», indicaba textualmente.
En la dureza de la respuesta de Asaja hay que tener también en cuenta que sobre los arroceros recae también como amenaza el proyecto del dragado del último tramo del río Guadalquivir, impulsado por el Puerto de Sevilla y que rechazan si antes no existe compromiso para conducir el agua directamente de los pantanos a sus fincas y evitar así el incremento de la salinidad del cauce que según sostienen llevará aparejada su profundización.
Fuentes de Asaja-Sevilla explicaron que, a tenor de la escasa documentación que han obtenido de la Consejería, los nuevos requisitos fijados para cobrar la prima ambiental es adicional a los pagos europeos de la Política Agraria Común estarían diseñado por personas que no tienen ni idea de cómo es realmente el cultivo arrocero, y ponen un ejemplo. Se obligaría a dejar espacios libres en las fincas equivalentes al 2,5 por ciento de la superficie para, dijeron gráficamente, «que se posen los pájaros», cuando las aves o comen directamente del cultivo o se posan en los terrenos para rebuscar.
Y sumando, serían hasta mil hectáreas las que se dejarían de sembrar, de ahí que la organización agraria calcule en unos 10 millones los kilos que se dejarían de cosechar. Menos producción, menos ayuda, y a ver cómo cuadran los números, enfatizan.
Y es que, a pesar de que Andalucía es la principal comunidad española en este cereal la inmensa mayoría del cultivo germina en la provincia sevillana y el resto, en Cádiz, desde la patronal y también desde la Federación de Arroceros de Sevilla dicen sentirse discriminados con respecto a los productores de Valencia, cuya administración regional ha fijado una prima de 400 euros por hectárea. Y para más inri, agregaron, la producción integrada nació en las marismas «y ante la Comisión Europea demostramos que era posible cultivar arroz con un 60 por ciento menos de fitosanitarios empleados si había incentivos que compensaran el mayor coste». Como media, argumenta Asaja, éste supone 225-230 euros por hectárea: con 248 sí existe margen de beneficio, aunque no con 117.
«Con esta propuesta absolutamente inviable y agraviante la consejera pone en riesgo las ayudas agroambientales y el equilibrio del entorno de Doñana». La patronal y la Federación convocarán hoy a los productores en la localidad arrocera por excelencia, Isla Mayor, para analizar sus consecuencias. «Instamos (a Víboras) a revisar sus planes con criterios técnicos y económicos y a hacerlo antes de que todo se pare por las elecciones».
