El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, se ha reafirmado en que el inicio de la retirada de las concertinas existentes en diez de los quince centros de menores de la comunidad será "inminente" y que el procedimiento se llevará a cabo "progresivamente", con la idea de que la actuación quede finalizada en el presente año 2015. En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de la presentación del informe de Justicia Juvenil por parte del Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, Jesús Maeztu, De Llera ha rechazado la existencia de plazos concretos, si bien ha asegurado que la acción tendrá que ser progresiva para no "distorsionar" la vida en los centros. De esta manera, la administración autonómica, tal y como se refleja en el informe, procederá a licitar la retirada de este elemento disuasorio de seguridad, instalado en aquellas dependencias de régimen cerrado que antes fueron centros de menores cuando la edad legal llegaba hasta los 25 años. Este ha sido uno de los aspectos tratados en un encuentro en el que, por lo demás, Junta y Defensor se congratulan de los aspectos positivos de la justicia juvenil en la comunidad --con la que cerca de 9.000 menores infractores cumplen medidas judiciales en medio abierto y cerrado para su resocialización y reeducacion--, que cristalizan en datos como la rehabilitación de más del 80 por ciento de los menores que pasan por estos centros. De Llera, que ha asegurado que las administraciones siguen esperando encontrar un acuerdo para habilitar unas instalaciones de este tipo en Huelva --"lo hemos intentado varias veces"--, también ha informado de que el Ejecutivo se encuentra pendiente de sacar un decreto que regulará los reglamentos de dichos centros de manera más "exacta" y que, entre otras medidas, potenciará los servicios especializados para poder ofrecer una atención más cualificada a estos jóvenes, con casuísticas como los problemas mentales o los casos de violencia intrafamiliar. Esta última es una de las problemáticas detectadas en las que más hincapié ha realizado Maeztu, que visitó los centros y ofreció una valoración positiva del funcionamiento de los mismos y de medidas como promover que un mismo abogado defienda todas las causas de un menor, con posibilidad de videoconferencia, para facilitar la atención. AUMENTO DEL 60% DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR En lo tocante al maltrato intrafamiliar o filoparental --de hijos a padres--, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, entre los años 2007 y 2013 se han incrementado las sentencias relacionadas con este tipo de delitos en un 60 por ciento, pasando de 302 a 510, algo menos de la mitad en los centros de menores. En el caso de Andalucía, durante 2013, del total de sentencias impuestas a personas de entre 14 y 17 años --4.480-- 510 se realizaron por violencia en el ámbito familiar --tras la denuncia de los progenitores--, lo que representa un 11,4 por ciento del total de sentencias impuestas --un 95,9 por ciento se debieron a delitos (489) y un 4,1 por ciento a faltas (21)--. La presencia de estos menores ha motivado un cambio en la dinámica de los centros debidos a las especial característica del delito y perfil del infractor, ya que un significativo número de casos son cometidos por menores que provienen de familias normalizadas. Es "un problema de conducta muy grave", ha precisado el Defensor, que aboga por una intervención social desde el prisma de la prevención, pues "parece que no queremos hablar de esta delincuencia juvenil, pero tenemos que decir lo que hay": ha instado a los padres a "que pasen tiempo con los niños", pues "los están perdiendo". "Que la madre que parió a un niño tenga que denunciarlo es un drama", ha aseverado. Los menores infractores se pueden dividir en tres tipos: por alcohol, tabaco o juegos, "que necesitan dinero y levantan la casa para conseguir lo que necesitan"; por educación permisiva, "egocéntricos y que no aceptan límites ni negativas"; y por salud mental. El consejero, de su lado, ha recordado que está "en la misma onda" que Maeztu, matizando que la violencia entre jóvenes es "un problema de la sociedad civil, no de la administración", aunque "cuando se aplican medidas sí tenemos el deber de organizar servicios que permitan atender a estas personas, teniendo en cuenta que la Justicia es siempre la ultima ratio". Andalucía cuenta en la actualidad con 766 plazas en centros de internamiento y con capacidad para atender a cerca de 8.000 menores que cumplen en medio abierto las medidas de reeducación impuestas por los jueces. De Llera considera prioritarias las políticas destinadas a estos jóvenes y a su reeducación y, por ello, se ha mantenido el presupuesto para la Justicia Juvenil este año, con un total de 77,7 millones de euros.
