La comisión de investigación abierta por el Parlamento andaluz para depurar responsabilidades políticas en el presunto fraude de los ERE estableció ayer que cada sesión durará tres horas que se repartirán al 50% entre el compareciente y los grupos políticos. Es decir, cada sesión se abrirá con la intervención del compareciente, que tendrá un tiempo máximo de una hora, tras la cual se abrirá un turno de preguntas y respuestas por parte de PSOE, PP e IU, que dispondrán de 20 minutos cada uno -60 minutos en total-. Si los grupos parlamentarios lo solicitan, se podría abrir un segundo turno de preguntas y respuestas, que en esta ocasión estaría limitado a 10 minutos por grupo -30 minutos en total-. La sesión finalizará con una intervención final de cada compareciente, que tendrá un tiempo máximo de 30 minutos.
El reparto del tiempo, basado en "criterios de racionalidad" y de los "precedentes existentes" según indicó el presidente de la comisión, Ignacio García, contó con los votos a favor de PSOE e IU, mientras que el PP se posicionó en contra. A la salida de la reunión, el diputado popular y miembro de la comisión de investigación, Rafael Carmona, aseguró que este reparto le parecía "un engaño y una burla", ya que "vendrán a hablar de lo que ellos quieran". El PP propuso durante la reunión que el tiempo se repartiera otorgando a cada compareciente diez minutos y una hora a cada grupo parlamentario para hacer preguntas. Sin embargo, según Carmona "PSOE e IU traían atada la distribución del tiempo y no han dado al PP opción a nada". Por ello, Carmona no dudó en acusar a ambos partidos, socios en el Gobierno andaluz, de presentar una propuesta sin debate ni diálogo previo, "utilizando unos modos muy totalitarios".
Pese a ello, Carmona aseguró que el Grupo Popular "estará hasta el final" para esclarecer qué ha pasado "con el mayor robo de la historia" de Andalucía. "PSOE e IU quieren provocar que el PP se levante de la mesa, pero no lo van a conseguir, ya que con nuestras preguntas se aclararán las responsabilidades políticas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán", concluyó. El presidente de la comisión consideró que el rechazo del Grupo Popular a la distribución del tiempo de las comparecencias se debe a que "buscaban mayor protagonismo".
García confirmó además que toda la documentación requerida por la comisión ha sido recibida "en tiempo y forma", si bien, la única excepción es el expediente requerido al Gobierno central sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. "Se ha recibido una respuesta de la Delegación del Gobierno, diciendo que no dispone del expediente y que pasa a solicitarlo a las subdelegaciones provinciales de Sevilla y Huelva", aseguró. Por su parte, el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, aseguró que "esta documentación" del ERE de la Faja Pirítica de Huelva "está en poder de la Junta y debería tramitarlo" ella misma. Es decir, que no corresponde al Gobierno central aportar esta información porque "la Junta la tiene ya en su poder" insistió el popular.
La jornada de ayer no se libró, un día más, del cruce de acusaciones entre los portavoces parlamentarios de PSOE y PP, Francisco Álvarez de la Chica y Carlos Rojas respectivamente. Mientras el primero acusó al PP de "aprovechar" esta comisión de investigación para "hacer un uso interesado de la misma" y "distraer" la atención de los ciudadanos sobre las medidas "letales" puestas en marcha por el Gobierno central, Rojas explicó que "removerá los obstáculos que tenga que remover" y que han sido puestos "de forma constante" por PSOE-A e IULV-CA para evitar que "se conozca la verdad" de este caso.
Sobre el trabajo de la comisión, el portavoz del Grupo Socialista destacó que "se trata de ver qué aspectos de responsabilidad han tenido los comparecientes" en este caso de los ERE supuestamente irregulares y "sacar conclusiones de aquellos aspectos en los que hemos reconocido que se pudieron cometer errores" para que "no vuelvan a ocurrir".
COMPARECIENTES. Ramón Díaz, exdiputado y dirigente del PSOE, será el encargado de abrir fuego a las nueve de la mañana. Aunque no tuvo cargo en la consejería de Empleo, fue la mano derecha de José Antonio Viera y está imputado por su "activa participación" en la inclusión de intrusos en los expedientes de Calderinox, Saldauto y A-Novo.
Tras él, a las 12 de la mañana será el turno de Antonio Lis-Lois, jefe de servicio de la Dirección general de Trabajo. En mayo de 2008 pasó a ser director del departamento de Administración y Finanzas de la agencia IDEA. Lis-Lois se acogerá a su derecho a no declarar ante la comisión parlamentaria, aunque sí acudirá a la misma, ya que como recordó Ignacio García, "todos están obligados por Ley a acudir a la comisión", ya que de lo contrario podrían incurrir en un delito de desobediencia por el que podrían ser sancionados o inhabilitados. Tampoco pueden mentir, en cuyo caso el Código Penal prevé penas de cárcel.
García recordó que la comisión parlamentaria no es un procedimiento judicial ni las comparecencias serán interrogatorios, sino que "el objetivo es conseguir la máxima información sobre la tramitación de las ayudas". Por ello animó a todos los comparecientes a declarar y expresarse.
La primera jornada la cerrará a las 16.30 el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado en los cuatro sumarios relacionados con la lonja sevillana y cuyo ERE fue el origen que destapó la supuesta trama.
El miércoles será el turno del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, imputado por la Justicia, y del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien se encuentra en prisión desde el pasado mes de marzo. Guerrero es el único imputado en la cárcel, tras la salida de prisión de su chófer y del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández .
