"Para no tener que despedir a 24.000 empleados públicos", la Junta desvió el golpe de la anterior oleada de recortes impuesta por el Gobierno, y repartió la carga "solidariamente" entre los empleados públicos, aplicando una dura rebaja en las nóminas. Esa era la alternativa de la Junta, que ahora se convierte en norma básica del Gobierno central. Los casi 270.000 empleados públicos andaluces, que ya estaban en pie de guerra contra el ajuste en sus nóminas de 747 millones, cargarán ahora con un doble recorte salarial. El Gobierno de Rajoy les quita la paga extra de Navidad, lo que en términos anuales supone un rebaja salarial del 7%. Y el Gobierno de Griñán acababa de reducirles el sueldo entre el 5% y el 10%, más un tajo del 30% al 40% en las pagas extras de junio y de diciembre.
Los sindicatos de funcionarios empezaron ayer a afilar espadas. A nadie se le olvida que los empleados públicos ya vieron caer sus ingresos un 5% en 2010, dos congelaciones salariales (2011 y 2112) y recientemente les han aumentado la jornada laboral de 35 a 37,5 horas. Con este último recorte, los funcionarios andaluces ven cómo en dos años su poder adquisitivo ha caído casi un 25%. El sindicato de enfermeros SATSE reclamó ayer a la Junta una modificación del plan de ajuste porque "su recorte salarial es mayor que el aplicado a los funcionarios de la Administración General del Estado".
Está por ver cómo se concilian estas dos estrategias de ajuste. El PSOE-A barruntó ayer la posibilidad de que el tajo en las nóminas de Rajoy no tenga un efecto tan dramático en Andalucía, por el hecho de que aquí ya se ha recortado la paga de Navidad. El vicesecretario general de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, adelantó que se hará un anális de las leyes para que no se den "duplicidades y se les haga pagar más de lo estrictamente necesario". No obstante, Jiménez no se atrevió a aventurar nada "hasta no ver la letra pequeña de las medidas". Lo que sí avanzó es que la Junta buscará el modo de minimizar el golpe y "ver de qué forma se pueden paliar los efectos negativos", dijo.
Si el margen era estrecho, ahora será inexistente. Además de eliminar la extra, el Gobierno reducirá los días de libre disposición para los funcionarios, lo que permite prescindir de personal interino y amortizar puestos fijos. La Junta rechazó de plano todas las medidas. El vicepresidente, Diego Valderas, hizo un llamamiento a los andaluces para manifestarse contra los ajustes. Valderas acusó a Rajoy de cargar contra los trabajadores, los parados y las clases más débiles, y mantener intactos los "privilegios de las grandes fortunas, la Iglesia o los gastos en defensa". El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, escribió que las medidas suponen "más sacrificios y menos servicios públicos". "Es muy fuerte decir que a los parados se les bajará la prestación por desempleo el sexto mes para incentivar la búsqueda de trabajo",. También el número dos del PSOE lamentó que se dude de la condición ética de los parados.
El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, vaticinó que los andaluces "serán como mínimo un 15% más pobres", un porcentaje que en el caso de los empleados públicos se eleva hasta el 35%, informó a Europa Press. El líder de CCOO-A, Francisco Carbonero, denunció que en lugar de gobernantes "tenemos manijeros que hacen lo que les manda el señorito del capital". "Van a hundir a las familias, castigar a los débiles y reducir la calidad democrática", sentenció.
