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Los jueces de Sevilla irán a la huelga el 18 de febrero

Los jueces sevillanos se han puesto en pie de guerra: irán a la huelga el 18 de febrero, en lugar del 26 de junio como propusieron las asociaciones. La convocatoria sólo se tumbará si el lunes el ministro acepta sus reivindicaciones. Los magistrados de la Audiencia sólo harán una concentración.

el 15 sep 2009 / 21:32 h.

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Los jueces sevillanos han dictado sentencia: irán a la huelga el 18 de febrero, en lugar del 26 de junio como propusieron las asociaciones. La convocatoria sólo se tumbará si el lunes el ministro acepta sus reivindicaciones. Los magistrados de la Audiencia se han decantado por una concentración.

No habrá tregua al Gobierno por parte de los jueces de toda la provincia de Sevilla. Es lo que decidieron ayer en la primera reunión con carácter provincial a la que asistieron 84 de casi 130 titulares de órganos unipersonales (el juez Rafael Tirado no acudió). Con 53 votos a favor la opción de adelantar la huelga al 18 de febrero (propuesta que surgió hace meses de las juntas de jueces de Extremadura, Murcia y Málaga) en lugar de los paros que propusieron las cuatro asociaciones de magistrados, que aplazaban la huelga para el 26 de junio. Sólo 19 jueces han votado en contra de la mayoría y 12 han preferido abstenerse.

La reunión se alargó más de dos horas y media, marcadas por un intenso debate, en el que incluso hubo aplausos tras algunas intervenciones y tras conocerse el resultado de varios puntos de la votación, de la que ha salido una propuesta más a la lista de reclamaciones que las asociaciones presentaron ante el Ministerio de Justicia: el aumento de la ratio de los jueces por habitante hasta equipararla a la media europea, es decir en casi 20 por cada 100.000 habitantes, prácticamente el doble de la actual.

Con la decisión de adelantar la huelga, los jueces pretenden presionar al Gobierno para que en la reunión que el lunes mantendrá el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-, éste acepte sus reivindicaciones. De ser así, los jueces están dispuestos a desconvocar la huelga, aunque esta decisión no es compartids por todos los que votaron el paro.

El punto más controvertido de la reunión ha sido decidir cómo se materializará la movilización. De hecho, el encuentro se cerró sin que se llegara a un acuerdo, pues se ha hablado, incluso discutido intensamente, diversas posibilidades en cuanto al número de horas y en la forma legal de convocarla principalmente por el temor a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pueda tumbarles los acuerdos alcanzados, alegando que la reunión no se ajusta al marco legal. Al final ni siquiera se ha fijado una próxima asamblea para concretar la convocatoria, ya que , según explicó el portavoz de la reunión, Manuel Centeno, "existen diversas posibilidades, desde que se convoque a nivel nacional, con lo que nos adheriremos, o que tengamos que hacerlo a nivel provincial", por lo que han preferido dejarlo en el aire a la espera de la reunión con el ministro.

En cuanto a los jueces que votaron en contra o que se abstuvieron, según algunos de los asistentes, éstos se opusieron a la huelga del 18 de febrero porque prefieren, como marcaron las asociaciones, decantarse en primer lugar por medidas más flexibles como un paro y postergar la huelga al 26 de junio. Sin embargo, ganó la opción más radical, en gran parte, por el apoyo masivo de los jueces de provincia, muy caldeados por la lamentable situación de sus juzgados -según las mismas fuentes- y a que una parte de los asistentes a la reunión no son asociados. Precisamente, este sector ha sido el que ha venido protagonizando una serie de mensajes por correo electrónico en la intranet del CGPJ, en la que alentaban a la huelga a sus compañeros.

Alternativos. Ésta es la posición que mantiene un grupo de jueces que, independientemente de lo que ocurra en la reunión con el ministro, van a convocar a sus compañeros y a los magistrados de la Audiencia y del TSJA a una asamblea que se celebrará el próximo martes a las 17.00 horas en la sala de bodas del Registro Civil, en el edificio Viapol. Estos jueces aseguran que ya "no van a dar más tregua al Gobierno" y que quieren "realidades y no promesas". De ahí que hayan decidido convocar el encuentro del martes, "porque el lunes sólo tendremos promesas".

En cambio, sí ha habido más unidad en la aprobación de los puntos que componen la lista de reivindicaciones de los jueces, en la que Sevilla ha incorporado el aumento de la ratio por habitantes. Asimismo, los magistrados han solicitado la "efectiva y urgente" instauración de la Oficina Judicial, en la que se determinen las responsabilidades de cada figura judicial y que sea el juez el que siga controlando la agenda de los juicios; también reclaman la "plena incorporación" de nuevas tecnologías en el ámbito judicial con todos los avances que ello supondría; una formación "adecuada" de personal que cubre las bajas de funcionarios en los juzgados; que el CGPJ establezca la carga de trabajo razonable para cada órgano y que permita a los jueces hacer "Justicia de calidad"; una reestructuración de la planta judicial y que se creen "cuantos órganos sean necesarios".

Audiencia provincial. Por otro lado, mientras que los jueces se han lanzado a la huelga, los magistrados de la Audiencia Provincial han preferido ser más cautos y decantarse por una concentración de "unos diez minutos" para el 18 de febrero. Según explicó el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, el plenillo, que se celebró a las 13.30 horas, "ha ratificado íntegramente el acuerdo de las cuatro asambleas, tanto las reivindicaciones como las medidas de presión".

Sin embargo, los magistrados no han contemplado en la reunión la opción de la huelga, pues "queda mucho para junio y el panorama puede cambiar mucho", dijo Álvarez. La decisión fue respaldada por todos los asistentes, salvo una abstención y un voto en contra de un magistrado cuya opción era de la de secundar la huelga del 18 de febrero.

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