Finalmente, los jueces de Sevilla y su provincia harán un paro de 24 horas el próximo 18 de febrero. Así lo decidieron ayer tras una reunión a la que sólo asistieron 60 de los casi 130 jueces unipersonales de la provincia y en la que se eligió el comité de huelga.
Con 43 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones, la huelga convocada el pasado 21 de enero por la asamblea provincial de jueces será de 24 horas, es decir, toda la jornada del 18 de febrero. En la misma los magistrados leerán un comunicado de prensa para dar a conocer a la opinión pública sus reivindicaciones, para lo que también ofrecerán una rueda de prensa.
Éstos fueron los acuerdos que en la tarde de ayer adoptaron los jueces de Sevilla y provincia después de que, en la anterior reunión, no hubiera consenso sobre la forma de ejecutar el paro.
La de ayer fue una reunión que evidenció la fragmentación de la judicatura en torno a la huelga, pues sólo asistieron algo más de 60 jueces -algunos sólo acudieron de oyentes y no votaron- de los casi 130 que conforman la plantilla de la provincia. Entre las ausencias más notables estuvieron la del decano de los jueces, Federico Jiménez Ballester, y Rafael Tirado, sancionado por los retrasos del caso Mari Luz. De los que fueron, sólo 43 votaron a favor del paro de 24 horas, o lo que es lo mismo, un escaso tercio.
La huelga tampoco contará con el respaldo de los magistrados de la Audiencia Provincial, ni del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -quienes tampoco no asistieron a la asamblea, pese a estar convocados-, que se decantaron por una concentración de diez minutos para el 18 de febrero y que ni siquiera votaron la opción de posponer la huelga para el 26 de junio, según explicó el pasado 21 de enero el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, tras el plenillo de magistrados.
La decisión de continuar con la convocatoria por parte de los jueces se debe a la "desesperanzadora" postura del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras la reunión que mantuvo el pasado lunes con las cuatro asociaciones de jueces. Según explicó ayer el portavoz del comité de huelga, Óscar Saiz Leonor, en el encuentro de Madrid "no se han ofrecido soluciones serias y concretas a los problemas que afectan al servicio de la Justicia que se quiere ofrecer a los ciudadanos", de ahí que la huelga haya seguido adelante, aunque eliminando de las reivindicaciones las referentes a las cuestiones salariales.
Asimismo, en la reunión de ayer los jueces eligieron a los cinco componentes del comité de huelga que, además, de Saiz Leonor -titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla-, lo componen la magistrada del Penal 8 de Sevilla, el magistrado del Contencioso-administrativo número 10, el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena y el titular del Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor.
Ahora, el siguiente paso será la convocatoria de la huelga, que se hará ante el TSJA y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una vez que se formalice, el CGPJ deberá establecer los servicios mínimos, aunque es muy posible que antes el Gobierno intente declararla ilegal, con lo que el asunto acabará en los tribunales.
Las reclamaciones de los jueces se centran, principalmente, en la puesta en marcha de la Oficina Judicial, la formación adecuada del personal, el establecimiento por parte del Consejo General del Poder Judicial de una carga de trabajo razonable, la revisión de actual planta judicial, la mejora de los sistemas informáticos y el aumento de la ratio de jueces por habitantes.
