Son la bestia negra de la Justicia, la que los funcionarios tratan de evitar. Los juzgados de lo Penal son el destino menos apetecible. De los 38 empleados que se van a incorporar a los juzgados sevillanos, sólo dos van a esta jurisdicción; y eso que para Penal la Junta ofertaba 36 de las 142 plazas libres. El caso Mari Luz sigue siendo la peor tarjeta de presentación.
El pasado 26 de diciembre, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba la lista de destino de 131 funcionarios del cuerpo de Tramitación Judicial. De ellos, 38 están destinados a la provincia de Sevilla y sólo dos valientes van a tomar posesión de su plaza en uno de los 13 juzgados de lo Penal existentes en Sevilla tras lo que ha llovido.
El caso Mari Luz ha causado estragos con un juez de lo Penal, Rafael Tirado, expedientado por el Consejo General del Poder Judicial por no haber encarcelado a tiempo a su presunto asesino, Santiago del Valle; y lo mismo cabe decir de su secretaria judicial, Juana Gálvez. Ambos han sido la punta de un iceberg larvado pero latente desde hacía años repleto de problemas por sobrecarga de trabajo y falta de medios materiales y humanos, la misma que le ha granjeado a los penales tal mala fama que hasta los que aspiran a una plaza en los juzgados de Sevilla evitan esta jurisdicción.
Es lo que se ha visto en la última hornada de puestos cubiertos. La Consejería de Justicia de la Junta ofertaba a los opositores que había logrado obtener una plaza un total de 142 destinos. De ellos, 36 eran en para esta jurisdicción (se ofertaban plazas en los 13 juzgados, menos en el número 8). Pues bien, 34 se han quedado vacantes y, por lo tanto, seguirán siendo cubiertas por interinos, la mayoría de ellos sin formación específica y a los que hay que enseñar pese a lo sensible y delicado de su trabajo.
Los juzgados Penales nunca ha sido uno de los destinos más apetecibles por el volumen de trabajo que tienen, ya que por ellos pasa el grueso de las causas Penales que se mueve en la capital y la provincia, a excepción de los que van a la Audiencia (que son aquéllos de mayor envergadura, como los delitos contra la salud pública, estafa y en los que se pide una pena superior a los cinco años). Las cifras hablan por sí solas: el 68% de la plantilla de estos órganos son interinos.
¿El motivo? Los funcionarios de carrera cuyo destino asignado ha sido un juzgado de lo Penal suelen solicitar el traslado a otras jurisdicciones en las que la carga de trabajo es menor o, al menos, está recompensada con algún complemento salarial, como es el caso de los juzgados de Violencia contra la Mujer -donde los funcionarios perciben un extra por las tardes-, o los de Instrucción, que cobran por las guardias.
En los juzgados Penales, en cambio, no existe ningún complemento en el salario de los funcionarios pese a que muchos de ellos acuden por las tardes a trabajar, una práctica que en la mayoría de los juzgados se ha abandonado a la vista de que la Junta no responde a sus peticiones. Y como se ha dicho, el caso Mari Luz ha puesto, por si fuera poco, en el punto de mira a estos juzgados, una presión añadida que muchos funcionarios no están dispuestos a soportar.
Las listas que acaba de publicar la Junta corresponden a las pruebas selectivas convocadas en 2006. Una vez conocidos los nombres de los futuros funcionarios, el 15 de octubre se publicó una relación de puestos vacantes (cubiertos por interinos) entre los que los aspirantes podían elegir. En total, 142 eran para Sevilla y provincia y, de ellos, 36 estaban repartidos entre los 13 juzgados Penales de la capital, salvo en el número 8, en el que no se ofertó ningún destino. Finalmente, sólo dos de estas 36 plazas se han cubierto con funcionarios de carrera, en concreto, una en el Penal número 6 y otra en el 9.
El resto de funcionarios se repartirán por diferentes juzgados de la capital y su provincia, aunque la mayoría tendrán su destino en un juzgado de Primera Instancia, donde tomarán posesión 17 de los 38.
Otro de los destinos poco apetecibles son los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, también muy saturados de asuntos), y que sólo han sido elegidos por cuatro funcionarios. El resto se reparten entre los juzgados de Menores, de lo Social, dos plazas en la Audiencia Provincial y diversas plazas en las sedes judiciales de Lora del Río, Dos Hermanas y Osuna.
