La Amnistía de 1977 no los sacó de las cárceles y módulos psiquiátricos en los que el franquismo los recluyó aplicando primero la Ley de Vagos y Maleantes y después la de Peligrosidad Social. Su delito, ser homosexuales, lesbianas o transexuales. Su pena, el internamiento con fines de reeducación y cura de una supuesta enfermedad o desviación tratada con técnicas como el electroshock. Son los llamados presos sociales de la dictadura, algunos de los cuales permanecieron entre rejas incluso después de la celebración de las primeras elecciones democráticas y con la Constitución Española ya en vigor. Su memoria histórica ha sido menos reivindicada que la de los presos políticos por su militancia en partidos y sindicatos. Ahora, un equipo de profesores de la Universidad Pablo de Olavide, encabezados por el antropólogo Rafael Cáceres, quiere analizar la represión que sufrió este colectivo a través de testimonios en primera persona y el estudio de archivos militares y sanitarios, con el objetivo de sacar a la luz una persecución aún muy escondida por «el estigma» y «dignificar» a esta parte de las víctimas del régimen, que destinó los penales de Badajoz y Huelva a su reclusión. La antigua cárcel de Huelva albergó homosexuales hasta 1979. / Foto: El CorreoAntonio Gutiérrez es uno de los protagonistas de esta historia. Pasó 15 meses encarcelado , en su caso en Barcelona, y es uno de los presos sociales andaluces indemnizado gracias a la Ley de Memoria Histórica. Es vicepresidente de la Asociación de ExPresos Sociales, creada en 2004 «para recuperar la memoria histórica de este colectivo que estaba completamente silenciada social y políticamente». La asociación cuenta con más de 200 socios pero carece de datos oficiales sobre las personas represaliadas por su condición sexual porque «la documentación está muy dispersa, no se ha recopilado ni clasificado». El profesor Cáceres añade, además, que en los archivos de las instituciones penitenciarias y psiquiátricas en los que su trabajo quiere bucear «era un tema fácil de camuflar» ya que no siempre se hacía constar que el internamiento era por la orientación sexual sino que se atribuían a estas personas enfermedades mentales como la esquizofrenia.A veces ese internamiento era promovido por la propia familia. En otros casos, bastaba la denuncia de vecinos o conocidos. «Los lugares de encuentro gays ya existían entonces y las redadas se daban en ellos», recuerda Antonio, quien destaca que «la represión social fue impulsada por la Iglesia católica, fue la autora material de esta persecución». Una represión que tuvo tintes diferentes para los homosexuales y transexuales, encarcelados, que para las mujeres lesbianas, ya que éstas fueron principalmente recluidas en módulos psiquiátricos.El proyecto La represión de la disidencia sexual en Andalucía durante el franquismo y la Transición, financiado por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta, fue presentado ayer en el Centro Cívico La Ranilla, que también fue una antigua cárcel.En la investigación participan profesionales de la Psicología, la Antropología, el Trabajo Social y la Sociología de las universidades Pablo de Olavide, Hispalense y de Barcelona, además de expertos de asociaciones memorialistas como Cecilio Gordillo o Ángel del Río. El profesor Cáceres reconoce que una de las principales dificultades del trabajo es «encontrar gente que quiera hablar porque, a diferencia de los presos políticos, aquí sigue existiendo cierto estigma. Aún hoy se sigue justificando que si un homosexual fue encarcelado, algo habría hecho». Además de con afectados, también han contactado con funcionarios de la antigua prisión de Huelva, reconocida como Lugar de Memoria Histórica y que albergó presos sociales hasta 1979. En pleno centro de la ciudad, no se construyó ex profeso pero el régimen franquista decidió que junto con la de Badajoz albergaría este tipo de presos.El caso de Antonio, que acabó en la cárcel de Barcelona, no es nada raro. Según Cáceres, «es bastante llamativa la represión de emigrantes andaluces en Cataluña. Muchos se fueron allí, sobre todo de pequeños pueblos, y acabaron en prisión. En Barcelona, la mayoría de los transexuales encarcelados eran andaluces».
