Veinticuatro horas antes de que se reúna la mesa de la Función Pública para debatir alternativas al plan de ajuste andaluz , los seis sindicatos de funcionarios que no están convocados a esa reunión han deslegitimado cualquier acuerdo que salga de la mesa. La Consejería de Hacienda dialogará mañana por la mañana con CSIF, CCOO y UGT, las únicas organizaciones con representación en el sector público, y unas horas después el resto de sindicatos ha convocado una concentración de protesta ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, entre las 18.00 y las 20.00 horas.
En este clima de tensión y de cisma total entre las organizaciones sindicales se inicia la negociación sobre el plan de reequilibrio financiero, que supone un recorte de 2.700 millones de euros a los Presupuestos andaluces de 2012, y cuyo elemento de mayor fricción es el tajo de 777 millones en las nóminas de los funcionarios . Los seis sindicatos que han convocado la protesta de mañana representan al sector sanitario (el Sindicato de Médicos, los de enfermeros SATSE, USAE y la FATE, Federación Andaluza de Técnicos Especialistas), a la enseñanza (Anpe y Apia) y al personal de administración de la Junta (Safja).
Igual que lo hacen CCOO, UGT y CSIF, estos sindicatos denuncian que el plan de ajuste obligará a rescindir el contrato de 10.000 sanitarios y en torno a 9.000 profesores interinos. Francisco Muñoz, de SATSE, ha dicho que la eliminación del 10% de la plantilla de la sanidad pública equivale al "cierre de todos los hospitales de la provincia de Sevilla". "Técnicamente es imposible e inviable mantener los servicios sanitarios con una reducción del 15% de la jornada laboral del personal eventual", ha advertido. Los recortes de las nóminas de los empleados públicos se articulan a través de una reducción del 5% de media en el salario de los funcionarios y del 15% menos en la jornada y en los sueldos de los interinos.
El malestar general en los empleados públicos va en aumento. Los sindicatos pequeños mantienen las mismas críticas y proponen las mismas alternativas que los mayoritarios, sin embargo cada uno en la defensa de su parcela de representación ataca el plan de ajuste de la Junta desde distintas vías. Los seis sindicatos de menor peso no descartan paros y una huelga en la administración general antes del verano .
Entre las alternativas propuestas se plantea el cierre o la supresión de todas las empresas públicas, lo que obligaría a echar a la calle a 25.000 trabajadores; la eliminación de la gratuidad de los libros de texto, que obligaría a reformar el Estatuto andaluz, la reducción de altos cargos y cargos de confianza; la congelación del plan de los ordenadores gratuitos en las aulas y que las becas a los estudiantes se paguen en especias y no en dinero. "Si se legisla contra los trabajadores del sector público, el sector público trabajará contra el Gobierno andaluz", ha advertido Muñoz.
La plataforma de sindicatos no reconoce la legitimidad de UGT, CCOO y CSIF para negociar mañana en nombre de los empleados públicos. Su enfrentamiento con estas organizaciones, pese a las coincidencias, es tan visceral como el que mantienen con la Junta. "A partir de mañana, y dependiendo de lo que se apruebe en la mesa de la Función Pública, plantearemos un nuevo calendario de movilizaciones", ha anunciado Joaquín Cano, de FATE.
