El tono de los sindicatos CCOO y UGT con el PSOE-A y la Junta ha cambiado mucho desde que se firmara el séptimo acuerdo de concertación social hace medio año. Entre el Gobierno andaluz y las fuerzas sindicales se interpone ahora la crisis, los recortes sociales, la reforma laboral, la huelga general de septiembre y la amenaza de privatización de las cajas de ahorro que parece sugerir la nueva ley que se ha aprobado esta semana.
El vicesecretario general de los socialistas andaluces, Rafael Velasco, se reunió ayer con ellos para intentar visualizar argumentos y líneas de actuación comunes sobre todos esos puntos de fricción. Pero aunque Velasco les prometió que no habrá recortes sociales en 2011 -como augura el informe que Hacienda presentó al Consejo de Política Fiscal y Financiera-, los sindicatos son mucho más escépticos ahora que hace seis meses. Dos razones lo explican: la primera, que la concertación quedó meses paralizada y las reuniones de primer nivel entre sindicatos, patronal y Junta fueron mínimas. Y la segunda, que el documento de Hacienda con los ajustes previstos para reequilibrar el déficit público (un ahorro de 1.700 millones de euros en tres años) les llegó de la mano de Javier Arenas, líder del PP, y no del Gobierno.
El vicesecretario de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, Dionisio Valverde, le advirtió ayer al PSOE que si al final llegan a producirse esos ajustes del gasto social en los presupuestos de 2011, su sindicato lo denunciará. Velasco insistió en que eso nunca ocurrirá, y que además las inversiones crecerán en Educación. Los dos sindicatos hicieron un llamamiento que sonó a advertencia o a amenaza: estarán muy pendientes para que la Junta siga cumpliendo su compromiso sobre el complemento a las pensiones no contributivas en la comunidad. Fue el secretario general de CCOO, Francisco Carbonero, quien alivió un poco el diálogo: "Creemos en el compromiso del PSOE de garantizarnos que no va a haber recortes sociales".
El otro frente que separa al PSOE de los sindicatos es la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros. Se le preguntó ayer a Velasco si era consciente de que algunas empresas andaluzas habían dado marcha atrás en los despidos a sus trabajadores (a los que deben pagar 45 días por año trabajado) para volver a despedirles con la reforma laboral ya en vigor (20 días por año). El número dos del PSOE-A eludió responder, pero a su lado Valverde se apresuró a decir que, efectivamente, eso estaba ocurriendo. Velasco quiso garantizar que su partido estará vigilante para que las enmiendas en el Congreso no desvirtúen el texto actual de la reforma laboral, aunque ese texto en sí mismo es el motivo principal de la huelga general del próximo 29 de septiembre. El único punto en el que ambas partes lograron responder al unísono fue en el controvertido proyecto de la caja única andaluza. Tanto los sindicatos como el PSOE-A creen que la fusión de Unicaja y Cajasol será beneficiosa para fortalecer el sistema financiero andaluz y mantienen el apoyo al plan que en su día ya le transmitieron al presidente andaluz José Antonio Griñán.
