La decena de talleres de empleo y escuelas taller, pertenecientes a la Mancomunidad del Aljarafe, se encuentra en una situación «crítica». Desde hace dos meses no cobran la subvención que permite cubrir los sueldos de los alumnos, lo que supone que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación, adeuda 1,5 millones de euros. Estos proyectos de inserción laboral están cofinanciados al 80 por ciento por el Fondo Social Europeo y al 20 por ciento por la Junta de Andalucía. Mientras que la administración autonómica recibió la inversión europea en febrero de 2012, desde que a principios del año pasado se pusieran en marcha los proyectos, solo los ha dotado con el 50 por ciento de la subvención. Un dinero que se estiró hasta mayo, «pero fue entonces cuando tuvo lugar el primer retraso», explica el director de la Escuela Taller Carrión Sostenible, Alfonso López. Desde entonces, ya son dos meses de retraso, junio y julio. Además, ya les han asegurado que la partida correspondiente a agosto tampoco la van a cobrar. Y las esperanzas no van más allá. Después de mantener una reunión con el presidente de la Mancomunidad del Aljarafe, Rafael Recio, los más de 300 afectados solo pueden hacer una cosa: esperar. Según les comunicó Recio, la única vía posible es interponer un recurso contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía, «pero, entre el verano y mientras se inicia el proceso, nos han dicho que no cobraríamos hasta octubre», dice con resignación López. Para las más de 300 familias afectadas la situación se vuelve «insostenible». Y es que cabe recordar que los talleres de empleo van dirigidos a personas desempleadas y mayores de 25 años, «lo que supone que la mayoría son personas de unos 40 años, desempleadas, que se están formando para poder optar a un empleo y con cargas familiares y económicas a sus espaldas», recuerda López. El problema es que, mientras se solucionan los impagos, estos beneficiarios «no pueden aceptar ningún tipo de trabajo, ya que tienen un contrato laboral firmado con la Mancomunidad», explica. Desde el organismo comarcal están «haciendo todo lo posible» para solventar la situación, asegura su gerente, Tomás Botín. De hecho, desde la Mancomunidad «se está pagando el importe de la Seguridad Social, el IRPF y a los proveedores» para que los cursos no se paralicen y el situación no se encrudezca. Para López, el problema que están viviendo las familias afectadas es por «falta de voluntad política». «Normalmente esto ocurre cuando hay un problema informático en el programa de la administración; entonces empiezan a pedir documentación para determinar que no hay irregularidades, algo incomprensible, ya que tienen todos los proyectos», reflexiona López. En el caso de que la situación no se solucione, los afectados se plantean iniciar movilizaciones ante Educación.
