El Consejo de Ministros estudió ayer viernes el anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas de 1988, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La nueva norma elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos y modifica las normas del deslinde administrativo.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva normativa ha sido redactada "por la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente del litoral" que es, según subrayó, la base también del turismo español.
En este sentido, señaló que la norma, que será remitida al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), tiene dos objetivos fundamentales: proteger el litoral y dar seguridad jurídica a propietarios y concesionarios.
En relación a las concesiones, la norma también permitirá la transmisión mortis causa e intervivos y establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes para resolver la extinción de las previstas en la Ley de 1988, que expiraban en 2018. Para el Ejecutivo, esta medida asegura la continuidad ordenada y selectiva de las ocupaciones de dominio público martímo-terrestre y "concilia la conservación del litoral con su uso sostenible".
Así, apunta que la especial situación de los propietarios de viviendas en la costa que, con motivo de la aplicación de la Ley de 1988, quedaron convertidos en concesionarios, "ha generado problemas que van más allá de lo estrictamente jurídico".
Sáenz de Santa María explicó también que para los chiringuitos, concesiones temporales en la zona de la playa, que "estaban en terreno de inseguridad jurídica", se establece un periodo de duración de cuatro años de concesión y su mantenimiento siempre que se mantengan las condiciones de protección medioambiental y del litoral con las que se concedió.
Igualmente, se refirió a la cláusula "antialgarrobicos", una disposición legal que permitirá que la Administración del Estado, a través de la Abogacía del Estado, pueda intervenir para parar obras en pleno dominio público de playas o servidumbres contrarias a la legislación. "La abogacía del Estado podrá recurrir esas concesiones y obtener su suspensión para evitar determinados hechos consumados", concluyó.
Asimismo, la norma introduce una reforma en relación con el uso de las playas. En este caso, se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y para las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, según explica el Ejecutivo, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones.
