No es suficiente con el recorte a los empleados públicos. Las empresas deben tomar nota. Eso es al menos lo que piensa el Banco de España, que considera que la reducción de salarios de los funcionarios aprobada por el Gobierno dentro del paquete de medidas para reducir el déficit público debe "tener reflejo" en la negociación de las retribuciones en las empresas privadas. "El significativo recorte de los salarios de los empleados públicos (una media del 5%) deberá reflejarse en un mayor grado de moderación de los incrementos de la remuneración que se acuerden en el ámbito de la negociación colectiva en el sector privado", indica en su informe anual.
La entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez señala a la "escasa reacción cíclica de las tarifas salariales que se acuerdan en la negociación colectiva". A ello atribuye el que los salarios "apenas" presionaron a la baja en 2009, pese al "intenso deterioro del empleo", y que "los convenios de nueva firma no muestren un ajuste salarial acorde con el deterioro del mercado laboral".
En cuanto a la situación de este mercado, el Banco de España augura "nuevos aumentos en los próximos trimestres" en el número de parados de larga duración, situación en la que ya se encuentran casi 1,8 millones de personas. Por ello, instó a que las políticas activas de empleo "concentren sus esfuerzos en aumentar la empleabilidad de este colectivo de parados que se ha generado durante la crisis".
Dentro de este documento, Fernández Ordóñez insiste en que las reformas "más urgentes" que precisa la economía española, junto con el ajuste presupuestario, son las del sistema financiero, la de pensiones y la del mercado laboral, y, por ello, subraya que deberían "estar completadas antes del verano". "Éste es un momento que requiere un ejercicio de extrema responsabilidad por parte de todos, con la consiguiente asunción de costes y sacrificios", asegura.
El gobernador sostiene que el esfuerzo fiscal que debe realizar la economía española es "muy intenso", en un momento además en el que las previsiones del PIB apuntan a un crecimiento "moderado", y entiende que para asumir dicho esfuerzo, que podría ser "aún más exigente" si no se corrige la trayectoria ascendente de los tipos de interés, se necesita que el programa de consolidación fiscal vaya acompañado de medidas estructurales.
Entre ellas, considera de una "importancia primordial" la corrección de las "ineficiencias" del mercado laboral, "puesto que de su reforma depende en gran medida la capacidad de ganar competitividad y generar empleo".
Fernández Ordóñez subraya además en su discurso que es "absolutamente imprescindible" que los nuevos objetivos de déficit se cumplan, "incluso si el escenario económico resultara finalmente menos dinámico" de lo que prevé el Gobierno. "Cualquier desviación con respecto a lo previsto podría tener graves consecuencias sobre la credibilidad del esfuerzo de consolidación fiscal", afirma el gobernador, quien, no obstante, reconoce que el proceso de consolidación fiscal "tenderá a ralentizar" la recuperación.
