Tras tres años de legislatura, el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU se ha mostrado capaz de superar las dificultades más notables y de tambalearse ante problemas, en apariencia, de segundo orden. Entre las primeras está la comisión de investigación del caso ERE en el Parlamento, condición que IU impuso al PSOE antes de firmar el pacto; la elaboración conjunta de tres presupuestos autonómicos en números rojos (con recortes de empleados y servicios públicos); y la reciente gestión de otros casos de corrupción que salpican a anteriores gobiernos socialistas (el fraude de ayudas a la formación o Invercaria), por los que la dirección de IU se ve obligada a responder ante sus bases, que le afean que proteja a sus socios evitándoles otra comisión de investigación.
Entre las dificultades aparentemente menores, está el realojo de un puñado de familias en riesgo de la Corrala Utopía, que ocupó un edificio de Sevilla; y ahora, el viaje anunciado del vicepresidente Diego Valderas (IU) a los campamentos de refugiados saharahuis de Tinduf (Argelia). La presidenta Susana Díaz ha vetado esta visita por considerarla un riesgo para las relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos. A priori, la crisis del Sáhara es más peligrosa que la anterior porque se produce a cuatro meses de las municipales, una cita con las urnas en la que PSOE e IU compiten entre sí (y contra Podemos) por el mismo espacio electoral. Un Gobierno que acaba de firmar su tercer presupuesto, principal instrumento de estabilidad, ¿se puede romper por motivos menores? Es posible.
Fuentes de ambos partidos admiten que el incidente de la Corrala, en el verano de 2013, ha sido el que más cerca ha estado de fulminar la coalición y precipitar un adelanto electoral. Entonces, como ahora con el caso del viaje al Sahara, el diálogo entre los socios a través de los medios de comunicación era bronco y tenso, y el diálogo directo entre ellos parecía inexistente. El realojo de la Corrala se anunció, y luego se ejecutó por parte de la Consejería de Vivienda (IU). Díaz respondió retirando las competencias de vivienda a sus socios, una situación que se prolongó 48 horas. Entonces, como ahora, muchos se preguntaron por qué llegó la sangre al río. ¿Cómo no se resolvió con una llamada o una reunión para que Díaz conociera todos los detalles del realojo de boca de sus socios? Cualquier cosa antes que escenificar una guerra en el Consejo de Gobierno, que se saldó con la retirada y restitución de las competencias de Vivienda a IU en 48 horas.
Una de las explicaciones fue la falta de relación y sintonía personal que existía (y existe) entre Díaz y el líder de IU, Antonio Maíllo, que gestionó aquella crisis en primera persona. Pero esa explicación no sirve en el caso del viaje a Tinduf, porque Valderas sí tiene buena sintonía con la presidenta. Al contrario que Maíllo, Valderas forma parte del Ejecutivo andaluz, se sienta al lado de Díaz en el Parlamento y en el Consejo de Gobierno, y ha interiorizado tanto su perfil institucional, que incluso los suyos dentro de IU le han afeado más de una vez su guante blanco y falta de crítica con el PSOE y la presidenta (por ejemplo durante la crisis de la Corrala).
Igual que con el realojo, el viaje de Valderas al Sáhara estaba anunciado: Díaz conocía la intención de su vicepresidente: comprobar in situ los proyectos de cooperación que la Junta costea (18,5 millones en 11 años). Valderas dijo que no aceptaría interferencias de su socio, y al día siguiente oyó por radio cómo Díaz le desautorizaba: «Ningún miembro de mi Gobierno irá al Sáhara». ¿Cómo no se resolvió antes con una llamada? Ahora parece que la ha habido, y que Valderas baraja posponer el viaje para «un momento más oportuno». El problema es que IU se siente tutelada por el PSOE, y ahora tendrá que asumir que el coste político de esta crisis se lo trague todo el partido, o sólo el vicepresidente. De momento, las filas de la formación de Maíllo echan humo y únicamente Valderas ha moderado sus expectativas, y tiende más a recomponer el diálogo con Díaz que a avanzar unilateralmente hacia el desierto del Sáhara.
Sea o no menor el asunto del viaje a Tinduf, la tensión entre PSOE e IU nada más comenzar el año es mucho mayor de lo que cabría esperar de dos fuerzas de coalición que acaban de firmar su tercer presupuesto conjunto, y encaran un calendario legislativo intenso, con una decena de leyes a las puertas del Parlamento.
La proximidad de las elecciones de mayo juega en contra de la estabilidad política de la que ambos han hecho gala en los últimos tres años, porque tanto PSOE como IU necesitan legitimarse ante sus electores. ¿Eso les obliga a tomar distancias entre sí o a sellar un pacto de no agresión? Depende a quién se pregunte en uno y otro partido. Los socialistas creen que la estrategia de IU a partir de ahora será distanciarse, buscar diferencias con ellos en el debate ideológico, porque Podemos amenaza más su banco de votos que el del PSOE. De hecho, recuerdan, la dirección de Maíllo ha puesto fecha de caducidad al Gobierno, con un referéndum el próximo verano sobre la continuidad del pacto, si para entonces no se han aprobado cinco leyes prioritarias: la banca pública, la renta básica, el decreto de mínimos vitales, la ley de agricultura y la reforma de la ley de igualdad. Los comunistas, en cambio, sospechan que Susana Díaz busca una excusa para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, porque su obsesión es dar el salto a la política nacional.
