El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha subrayado hoy que el Gobierno no tiene potestad sobre la situación laboral de los trabajadores civiles de la base de Morón (Sevilla), actualmente dentro de un expediente de regulación de empleo (ERE), y que no puede evitar los despidos.
Imagen de archivo de una manifestación en 2011.
García-Margallo ha respondido así, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, a una pregunta de la diputada del PSOE María Isabel Pozuelo sobre las gestiones del Ejecutivo con la Administración estadounidense para evitar el despido masivo de trabajadores en la base de Morón, en defensa del cumplimiento de la legislación española y del convenio bilateral.
En nombre del ministro de Defensa, Pedro Morenés, a quien iba formulada la pregunta, García-Margallo ha explicado que el convenio entre España y EEUU en materia de defensa regula la contratación de obras y servicios en las bases de Morón y Rota, que deja en manos de una empresa privada la autonomía de la gestión. Ante esa situación, ha precisado que ni las autoridades militares ni el Gobierno tienen potestad sobre la gestión de personal de esa empresa y su relación con los asalariados civiles, más allá de la vigilancia y verificación de lo dispuesto en el convenio.
También ha señalado que el Ministerio de Defensa está en contacto con las autoridades estadounidenses y que el coronel jefe de la base ha recibido al comité de empresa y a los alcaldes de la comarca para interesarse por el tema.
Para el ministro, "es obvio" que las bases militares son "fundamentales" para la defensa nacional y la defensa de los aliados, por lo que ha confiado en que el aumento de la actividad en los últimos meses redunde en la creación de empleo.
María Isabel Pozuelo, por su parte, se ha quejado de que se haya puesto un ERE en marcha justo cuando se ha autorizado el despliegue durante un año en la base de Morón de 500 infantes de Marina y 8 aeronaves estadounidenses para proteger instalaciones y personal destacado en los países de la "primavera árabe" y en el Sahel.
Pozuelo ha negado que los despidos sean competencia exclusiva de la empresa concesionaria y ha asegurado que la lista con los nombres de los trabajadores afectados aparece publicada en la página de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe).
La parlamentaria socialista ha emplazado al Gobierno a negociar con las autoridades estadounidenses para impedir este "despido masivo", y menos aún cuando hay un incremento de actividad en las bases.
Según ha dicho, ya han sido despedidos 66 empleados y en los próximos meses se espera que se queden sin trabajo otros 78.
