"A día de hoy ni me he leído el convenio marco, ni lo he analizado ni lo he estudiado". Éstas fueron ayer las palabras del exdirector general de Trabajo Juan Márquez , que sustituyó a Francisco Javier Guerrero en el cargo entre 2008 y 2010, ante la jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, asegurando que él recibió orden del exconsejero Antonio Fernández de "cumplir los compromisos adquiridos" porque los trabajadores esperaban los pagos y que le daba "veracidad" a las solicitudes recibidas. La magistrada le imputa un delito de malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación activa omisiva y falsedad documental, todos ellos con carácter continuado.
Márquez, que continuará hoy declarando, señaló que fue Fernández, en prisión desde abril, el que le explicó los criterios para poder optar a una de las ayudas sociolaborales, indicándole que "tenía que dar cobertura a los compromisos adquiridos", pues había trabajadores que esperaban esos pagos, ordenándole también que "había que dar cobertura con un convenio a los expedientes que no lo tuvieran". Márquez también reveló que durante su mandato se produjeron dos traslados de sedes y que algunos de los expedientes fueron trasladados a los servicios centrales, pero "otros se destruyeron", aunque no sabe qué criterio se siguió.
Según fuentes del caso, el exalto cargo dijo que "a estas alturas" sigue sin haberse leído, ni analizado, ni estudiado el convenio de 2001 por el que se regían las ayudas, sino que "me lo explicaron". No obstante, esta frase no ha sido recogida literalmente en el acta de la declaración, aunque sí el fondo de la misma. Asimismo, Márquez reconoció que no se hacían seguimientos para controlar las ayudas y que no era la legalidad lo que les preocupaba, "sino los temas financieros". Sobre el que no existiera fiscalización previa de las ayudas, dijo que lo desconocía, pues eso era un asunto de los "funcionarios" y que él sólo era un "cargo político", que "no dirigía, sino que coordinaba y que nunca ha visto a un interventor" en sus dos años en el cargo.
Es más, admitió que la Dirección General otorgaba ayudas sociolaborales, cuando en realidad eran ayudas directas a empresas, desconociendo la normativa europea a este respecto. Pero también señaló que él le daba "veracidad" a las solicitudes que le eran planteadas.
El exdirector general reconoció que existió un "déficit" en el procedimiento administrativo y que así lo advirtió, tanto por escrito como verbalmente, a Fernández y al exviceconsejero Agustín Barberá, también imputado y citado a declarar el 27 de julio. Fue entonces cuando le dijeron que había que cumplir con "los compromisos adquiridos". De igual modo, admitió un vacío normativo en cuanto a la publicidad de las ayudas, pues no eran publicadas en el BOJA, aunque a su juicio "los trabajadores no se leen el BOJA".
DE HUELVA
Por su parte, el abogado de Márquez, Manuel Pérez Cuajares, aseguró a los periodistas que el exalto cargo defendió la "legalidad" del procedimiento. Y es que, al igual que dijera Fernández, explicó que las ayudas se otorgaban a quienes cumplían los requisitos, y que si se incluían en un ERE como intruso, era porque salía más económico que hacer una póliza individual.
Sin embargo, en su lectura de la imputación la jueza mantuvo que Márquez continuó con el sistema de ayudas iniciado por Guerrero a "sabiendas de su legalidad", ya que un informe del despacho de abogados Garrigues de julio de 2009 alertó de sus irregularidades, ocultándolo a la Fiscalía y a las autoridades judiciales. Para la magistrada el que Márquez paralizara el pago del ERE de 2007 de Mercasevilla, que le "causó un quebranto de nueve millones a la empresa", demuestra que desconfió del procedimiento.
Según la jueza, pese a conocer este informe y dos más que sobre las irregularidades sobre las empresas del exchófer de Trujillo y de dos empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, continuó con un procedimiento "que favorecía a personas próximas al PSOE y a la Junta", concediendo 154 millones de euros en ayudas. Además, considera que desvió "fondos públicos" a las mediadoras de los expedientes que cobraron "comisiones que superaban en un 15% a las del mercado". Además, cree que al ser de Huelva quiso favorecer a firmas de esta zona con ayudas a 30 empresas, excluyendo a Astilleros y la franja pirítica".
