Muchas familias han ocupado en los últimos años casas vacías, muchas de ellas propiedad de entidades financieras. Su ejemplo ha proliferado entre personas con situaciones económicas difíciles y eso ha generado un efecto llamada a través de movimientos sociales que apelan al derecho a la vivienda y justifican las ocupaciones señalando a la escasez de empleo y la falta de inversión del Estado en las personas necesitadas como la causa principal de este hecho.
María Teresa Hernández e Irene Gutiérrez son dos de las vecinas de las viviendas ocupadas de la Corrala la Esperanza, ubicada en la calle Mariano Benlliure del sevillano barrio de Nervión. Hace casi dos años se vieron obligadas a buscar un lugar donde vivir y decidieron ocupar un edificio propiedad de la gestora inmobiliaria Servihabitat de La Caixa que se encontraba vacío. El pasado mes de octubre, la gestora aceptó ofrecer un alquiler social a las cinco familias que vivían de forma irregular en el inmueble. Los ahora legalmente inquilinos han firmado un contrato de dos años en los que tendrán que pagar 50 euros mensuales en calidad de alquiler.
Aunque la situación de cada una de estas familias es diferente, todas tienen un punto en común, la falta de empleo y la escasez de recursos para poder vivir de forma apropiada. Mientras Irene a sus 20 años vive sola junto a su hija de un año de edad, María Teresa, con 39, lo hace junto a sus tres hijos entre los 13 años y los 17 y su actual pareja, con la que espera un hijo. La trayectoria de ambas es distinta, pero hoy se sienten unidas: «Más que vecinas somos familia, eso nos ha diferenciado de otras corralas. Siempre nos hemos apoyado en todo momento y hemos ido en la misma dirección y rumbo».
María Teresa se vio en la calle en 2001, su hijo pequeño acababa de nacer y había roto su relación con su marido: «Desde ese momento me encuentro en lista de espera para una vivienda social». Poco después empieza a trabajar como cocinera en una cadena de restaurantes, durante este tiempo vivió de alquiler, pero tras quedar en paro su situación económica empeora y el dinero apenas le alcanza para comer, por lo que se ve «obligada» a ocupar la vivienda en la que reside con sus hijos en estos momentos.
Irene llegó a la Corrala La Esperanza con un estado de gestación de ocho meses. Lo hizo junto a su expareja, no podían pagar un alquiler normal y decidieron ocupar una de las viviendas. Hoy sigue sin empleo y cuida de su hija, aún bebé.
Ninguna de las dos pudo recibir ayuda de su familia por no disfrutar de una buena situación económica tampoco. No obstante destacan que debe ser el Estado quien se haga cargo de la situación de las familias que no tienen recursos ni trabajo, ya que la Constitución recoge el Derecho a una vivienda digna y adecuada. «La vivienda es un derecho, no un negocio del Gobierno», subrayan.
Ante la pregunta de qué es para ellas una vivienda digna, María Teresa lo tiene claro: «He vivido en zonas marginales donde cada noche había redadas de la Policía. Ése no es un buen entorno para que se críen mis hijos, también es importante que la casa se encuentre en buenas condiciones».
Matizan que «nunca se han considerado okupas» a pesar de usurpar un inmueble que no es de su propiedad, explican sin embargo, que sólo reivindican el derecho a una vivienda. Además señalan que nunca ocuparían la casa de un particular, aunque se encontrara vacía: «Sólo lo hemos hecho con casas propiedad de los bancos, ya que éstos han sido inyectados con dinero público y por tanto tenemos derecho a beneficiarnos de ellas si no tenemos donde vivir».
Dentro de unos años confían en que la política cambie y se vuelva más comprometida con las personas necesitadas y sin trabajo. Además destacan la importancia de la existencia de un «alquiler revisable» en el que una persona pueda pagar en función de sus condiciones específicas, y no se vea obligada a dejar su hogar en caso de no tener cómo pagar la renta.
OKUPA . Es difícil acceder al testimonio de alguna persona que se encuentre ocupando alguna vivienda de forma ilegal en este momento y se atreva a dar la cara. Reyes Ramírez lleva viviendo en un bloque ocupado de Camas desde mediados de junio de este año. Tiene 30 años, un trabajo temporal de dos meses y dos hijos pequeños a su cargo. Su expareja tiene una orden de alejamiento de ella.
El dinero no le alcanza para vivir y además pagar un alquiler. Hasta mediados de junio ha estado viviendo de alquiler en una casa que según ella no cubría las condiciones óptimas de salubridad, pero decidió dejarla porque la casera se negaba a rebajar la renta y a adecentar el inmueble.
«La sociedad no entiende nuestra situación y en muchas ocasiones nos rechaza. En el bloque donde ahora vivo, algunos de los pisos están vendidos y esos vecinos no quieren que convivamos con ellos, nos rechazan», plantea Reyes. Entiende que no es justo que haya personas que ocupan y destrozan los inmuebles, pero éste no es su caso, defiende.
Reyes indica que el alquiler en este momento está por encima de las posibilidades de muchas familias: «Los sueldos bajan, otros muchos no tienen trabajo, pero el nivel de vida se mantiene alto y por eso están ocurriendo estas cosas». Ella confía en poder beneficiarse de un alquiler social en una vivienda que le faciliten desde los servicios sociales para poder abandonar la situación irregular que vive junto a sus hijos en este momento. Mientras eso ocurre, plantea que seguirá viviendo de okupa en una casa que aunque no le pertenece, no le queda «más remedio» que ocupar.
CONVIVENCIA . No todo el mundo está de acuerdo con las ocupaciones. Es el caso de un vecino de un edificio ocupado en la Pañoleta, en Camas. Su nombre es Joaquín Díaz, tiene 52 años y no hace mucho adquirió uno de los pisos embargados de una constructora a una entidad bancaria. La finca la componen cuatro viviendas, dos de ellas están vendidas entre ellas la suya y otras dos han sido ocupadas. Joaquín plantea que entiende la situación de extrema necesidad que hace que algunas familias tengan que ocupar viviendas, pero comenta que existen personas que, a pesar de poder pagar, se aprovechan del auge del movimiento okupa para «vivir gratis a costa de otro», aunque sea un banco.
«No es justo que yo tenga que pagar un dinero por mi casa y haya otras personas que estén disfrutando de una vivienda igual que la mía sin gastarse nada», plantea Joaquín. Además, añade que estas personas no cuidan las zonas comunes del edificio, no las mantienen limpias y generan problemas de convivencia. Alega que cuando alguien vive en su casa la cuida más que cuando no tiene ningún tipo de obligación con la vivienda o la comunidad, como es el caso de las familias okupas que están de forma temporal en ese edificio.
Joaquín deja claro que él entiende las circunstancias de estas familias y no tiene ningún problema en convivir con ellos, su único inconveniente es la falta de responsabilidad de los vecinos okupas con sus obligaciones como vecinos.
CENTRO SOCIAL . El movimiento okupa no sólo se centra en la ocupación de viviendas, también lo hace con edificios singulares abandonados que transforman en centros sociales en los que pretenden potenciar la participación ciudadana en aspectos como la política, la cultura, el entretenimiento o el arte.
Juanjo García es un joven implicado en distintos proyectos de ocupación colectiva. Destaca que el problema no es un fenómeno reciente, pero destaca que ha resurgido con mucha fuerza a raíz de la crisis económica y gracias a movimientos ciudadanos como el 15M: «Estamos viviendo una época de conflictividad social auspiciada por la política y que ha beneficiado a iniciativas como la difusión de las corralas. Éstas se han convertido en símbolo social con una indudable proyección mediática gracias en parte a la difusión en las redes sociales e internet». Juanjo destaca que en las corralas, en especial la Utopía, hubo cosas que fueron un éxito como la concienciación sobre el problema social, aunque en otros aspectos como en el tema de legislación no se consiguió que desde el Estado se protegiera a personas sin recursos ni vivienda.
El centro social ocupado y autogestionado Endanza se ubica en la calle San Luis de Sevilla, en la zona del Pumarejo. Se trata de un edificio de naves industriales en estado de abandono desde hace siete años, que tenía previsto su demolición para hacer viviendas de lujos y fracasa por la crisis inmobiliaria y cae en manos de la Sareb (Banco Malo). En febrero de este año, el recinto emblemático es ocupado con idea de recuperarlo del deterioro producido por el abandono y se crea en él una sala cultural que sirve de espacio para una cultura y política alternativas, además de diversos usos sociales (debates políticos, encuentros de radios comunitarias, actuaciones musicales, ciclos de cine, además de talleres de yoga y danza contemporánea).
Juanjo explica que de momento no hay respuesta a la ocupación ni por parte del propietario ni de la administración: «Somos conscientes de que la ocupación no es legal, pero no hacemos daño a nadie, es más, estamos rehabilitándolo y conservándolo. Más allá de lo que la ley diga sabemos que no hacemos nada malo, ni molestamos a nadie».
En cuanto a la afluencia de personas, el joven destaca que acude gente muy variada: «Los usuarios más frecuentes son personas implicadas con propuestas de movimientos sociales pero también lo hacen vecinos y otras personas de todas las edades, gente alternativa, pero también normal. El participante más joven tiene 18 años y el mayor 62, por ejemplo. Se trata de un espacio común abierto a la reflexión en el que todos tienen cabida».
Los vecinos están contentos con la ocupación del centro, Juanjo destaca que son frecuentes las reuniones con las asociaciones vecinales ya que lo que menos pretenden es causar molestias, de hecho asegura que el centro no ha permanecido abierto hasta más de las 23.30 horas en ningún momento.
Juanjo tiene claro que los jóvenes han tenido un papel fundamental en este tipo de movimientos y gracias a su constancia y esfuerzo se ha conseguido avanzar mucho en el tema de la concienciación ciudadana sobre movimientos como el okupa. «A pesar de todo, aún queda mucho por conseguir», concluye.
