Dos pequeños van de la mano junto a su madre camino del colegio. / Antonio Acedo
Llega septiembre y este año, más que una cuesta, al final de las vacaciones se levanta un muro para aquellas familias que tienen hijos en edad escolar y que tendrán que hacer frente a un gasto que obliga, agravada la situación por la crisis económica, a hacer la mínima concesión al despilfarro por la previsible adquisición o renovación de gran parte del material que sus hijos necesitarán durante la vuelta al cole.
Por si fuera poco, el nuevo curso académico se presenta en Andalucía bajo la sombra de una ley educativa en ciernes, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) o ley Wert, cuya implantación ha suscitado una polémica a tres bandas Gobierno central, Junta y sindicatos que, sin embargo, parece dejar fuera de juego a los principales actores de la escena educativa: los alumnos y sus familias y el profesorado.
Las asociaciones de consumidores no han dejado de publicar datos en las últimas semanas sobre el coste que supondrá este año la vuelta al cole de más de 850.000 alumnos, la más temida por las familias en los últimos años. No en vano, según un estudio realizado por el comparador de internet Rastreator, más de la mitad de las familias andaluzas el 59% temen no poder hacer frente al obligado desembolso económico que impone el mes de septiembre. Los 360 euros de media, según la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), que gastarán los padres en estas fechas serán una losa difícil de soportar. En los centros concertados o privados, la cifra supera los 400 y los 1.000 euros respectivamente.
Una de las preocupaciones de los padres en estas fechas es conseguir el uniforme o la ropa de los niños, cuyo gasto rondará los 110 euros para los centros públicos. En muchos casos, además, al coste de la vestimenta se une la dificultad añadida de no poder adquirir la ropa a la primera, por la gran demanda y el poco stock en las tiendas. Además, conceptos como el transporte y el comedor podrían elevar el gasto hasta en 120 euros más. En este sentido, la Junta mantiene las tres comidas al día garantizadas para los escolares cuyas familias tengan menos recursos, medida de la que el año pasado se beneficiaron 24.000 niños.
Respecto al material escolar, si bien las familias andaluzas están exentas, gracias al programa de gratuidad de la Junta, de realizar el mayor desembolso en este sentido los libros de texto, igualmente tendrán que abastecer al alumno de cuadernos, lápices, bolígrafos, mochila y todo lo necesario para el día a día en las aulas. El precio ascenderá como mínimo hasta los 70 euros.
Todo ello no hace sino concienciar a los padres, y estos a sus hijos, de que el ahorro ya no es siempre una elección, sino una obligación. Así, son cada vez más frecuentes las medidas que, desde asociaciones de padres y madres o de consumidores, apelan a la solidaridad para minimizar el gasto de las familias durante la vuelta al cole. Es el caso de la UCA, que propone crear un fondo común de material escolar básico aportado por la ciudadanía para ser luego entregado a las familias. Además, el 90% de los niños escolarizados tendrán algún tipo de bonificación en el coste del comedor, el aula matinal o las actividades extraescolares, de los que casi la mitad se beneficiarán del 100% de descuento.
El próximo miércoles, además, comenzará a aplicarse la nueva ley educativa, la Lomce, que este año solo afectará a los cursos impares de Primaria y a la Formación Profesional (FP) Básica, que sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial. La Junta, en un intento de parar la aplicación de la nueva norma este mismo año por considerarla muy precipitada y con escaso margen desde su aprobación hasta su puesta en marcha, pidió la suspensión cautelar de la ley. La petición, sin embargo, fue rechazada por el Tribunal Supremo por implicar «una perturbación del interés general de superior entidad al generado por las dificultades». Tras esta negativa, a la Junta no le queda otra que aplicar la ley, pero su desarrollo será distinto al que tendrá lugar en otras comunidades, ya que desde la Junta anunciaron que intentarían «minimizar el impacto» de la Lomce.
Uno de los aspectos más contradictorios del desacuerdo entre Junta y Gobierno central será la asignatura de libre configuración obligatoria, Educación para la Ciudadanía, que fue la gran novedad que incluyó la Ley Orgánica de Educación (LOE), anterior ley educativa. La Lomce no la contempla en su desarrollo, pero la Junta decidió mantenerla aprovechando sus competencias para diseñar las materias de libre configuración. Su obligatoriedad y la posible coincidencia con la materia por la que había sido sustituida, Valores Sociales y Cívicos, que es la alternativa obligatoria a la asignatura de Religión, supone uno de los puntos más conflictivos con que se puede encontrar un alumno.
Sin embargo, para el responsable de Educación de CCOO en Andalucía, Patrizio Pérez, «los problemas no son esos, porque esos contenidos se deben dar de manera transversal y el problema es la atención a la diversidad y la descompensación que hay entre el sistema público y el concertado». Pérez criticó a la Junta por no tener en cuenta a la comunidad educativa para minimizar el impacto de la nueva ley. «Más que para compensar el impacto de la ley Wert, han tomado medidas para no aplicarla», explicó el representante sindical, quien resumió las carencias del sistema educativo en la «falta de atención a la diversidad, las reducciones en contenidos de librepensamiento y la falta de plazas para formación laboral».
