Facilitar que se echen inquilinos a la calle pese a estar al corriente de sus obligaciones de pago es la peculiar receta milagrosa que ha encontrado el Gobierno para, supuestamente, fomentar los alquileres de viviendas. Y como la inseguridad de los usuarios sobre el tiempo que podrán permanecer en la vivienda no le parecía suficiente, el Ejecutivo ha añadido otro ingrediente: el IPC dejará de ser el índice de referencia y cada año el precio subirá lo que imponga cada contrato.
Esto es lo que plantea el anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, recién salido del Consejo de Ministros por obra y gracia del Ministerio de Fomento de Ana Pastor . Una norma que recortará o eliminará numerosos derechos reconocidos a los usuarios por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y que provocará que si hoy alquilar es una opción poco atractiva en España, mañana lo será mucho menos.
De entrada, los inquilinos ya no podrán tener la tranquilidad de que sus contratos de alquiler puedan extenderse hasta un mínimo de cinco años, como establece la normativa vigente, sino sólo tres. Con ello se producirá un nuevo recorte de derechos para los usuarios en beneficio de los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para arrendar los inmuebles a un mejor postor.
Hasta ahora, los contratos fijaban una renta, actualizable conforme al IPC durante los primeros cinco años. Con los cambios que quiere introducir el Ejecutivo, tras el tercer año el dueño podrá plantear que finaliza el contrato y quitarse de encima al inquilino si tiene a otro que le ofrezca más o imponerle a una renta muy superior.
Otro de los cambios previstos es la reducción de las prórrogas a sólo un año frente a los tres vigentes, lo que supondrá también una enorme inseguridad para los arrendatarios. Así, tendrán durante doce meses la incertidumbre de si tendrán que buscar otra vivienda en breve o el propietario les exigirá una gran subida para permanecer en el inmueble. Y es que con la legislación vigente desde mediados de los 90, las prórrogas de tres años también implicaban la actualización de las rentas según el IPC, al igual que se establece en los primeros cinco años.
Por otro lado, si el dueño quiere recuperar la vivienda para su uso habitual, el de sus familiares en primer grado o su cónyuge tras el divorcio o nulidad, solo tendrá que avisarlo con un mes de antelación, aunque no se haya pactado, no esté previsto en el contrato o éste no haya cumplido cinco años.
Esta contradictoria reforma ha recibido las críticas de Facua, al considerar que, más que los arrendamientos, potenciará que crezca aún más la especulación inmobiliaria.
El anteproyecto de ley mimetiza la fórmula usada por Rajoy para fomentar el empleo: hacer mucho más fácil que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones.
Desde hace décadas, alquilar una vivienda ha sido una opción poco atractiva en España dado que los precios eran similares a las mensualidades de una hipoteca. Hoy, lograr un préstamo es mucho más difícil, por lo que muchos usuarios se ven condenados a vivir de alquiler a precios desorbitados. Si el Gobierno quiere realmente acabar con los precios especulativos lo tiene muy fácil. Hoy controla la mayor inmobiliaria del país: Bankia, con miles y miles de pisos vacíos que ni vende ni alquila porque quiere seguir ganando con ellos cantidades abusivas.
Rajoy tiene el poder de destinar los pisos de Bankia a la venta y el alquiler a precios justos, que pasarían a convertirse en los referentes para el resto del sector y provocaría un cambio radical en el mercado inmobiliario.
Si es que realmente quiere acabar con la especulación, claro.
