La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) ha pedido a los médicos recurrir a la objeción de conciencia ante el Decreto de Sanidad que establece la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles que ya están siendo tratados en España. A su juicio, la normativa supone un "conflicto ético" entre los profesionales en relación a su deber con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su deber con estos pacientes.
No obstante, respecto a aquellos inmigrantes en situación irregular que lleguen a España tras la aprobación de esta normativa, la SEMFYC reconoce la "legitimidad" del Gobierno para limitar la prestación sanitaria y recuerda que, en este caso, los médicos tienen la obligación de cumplir la Ley aunque no estén de acuerdo ya que, ha apostillado, no se está atentando contra "ningún principio ético básico".
En este sentido, han abogado por instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que ofrezca a este colectivo un "mínimo de prestaciones sanitarias", tal y como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), como son la Atención Primaria, la prevención, las medidas de Salud Pública, la atención urgente, la atención a la discapacidad y el acceso a los medicamentos esenciales.
Ahora bien, según ha comentado el presidente de esta sociedad científica, Josep Basora, los profesionales sanitarios no pueden dejar de atender a quien ya ha sido su paciente dado que, si lo hacen, estarían "vulnerando" el código deontológico médico que les obliga a "velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía" del enfermo. "No podemos dejar de atender a personas que por situación de perdida del permiso de residencia podrían estar en una situación de indefensión delante de la sanidad", ha recalcado.
Esta disconformidad con la normativa gubernamental ha sido ya comunicada por diferentes vías y foros a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, "son surgir efecto". Por este motivo, la SEMFYC y las 17 sociedades federadas que la integran han decidido animar a los médicos a emprender acciones legales a título personal, entre ellas la objeción de conciencia, para que se opongan a esta Ley.
